El fin del modelo de las mutualidades colapsaría la sanidad pública, según IDIS

Una gran mayoría de los funcionarios de nuestro país optan por la asistencia en centros sanitarios privados a través de su mutualidad (MUFACE, MUGEJU e ISFAS). Sin embargo, el actual modelo de mutualidades está provocando que las aseguradoras tengan grandes pérdidas económicas al año y reclamen modificar el actual contrato que tienen con el Gobierno. Este finaliza el próximo mes de diciembre y, a día de hoy, se desconoce qué sucederá. 

Hace unas semanas la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) propuso un incremento del 24% en la prima de los mutualistas por su seguro de salud para 2025. Una medida que afectaría a casi un millón y medio de personas y que está prevista que aumente otro 1% en 2026. El incremento de este porcentaje subiría la prima por mutualista hasta 1.300 euros, frente a los 1.014 del convenio actual. Una cifra que sigue lejos del gasto sanitario público per cápita, que es de unos 1.600 euros, sin incluir gastos farmacéuticos, de salud pública ni el destinado a mutualidades. Por ello, esta decisión no termina de convencer a las aseguradoras, ya que consideran que está lejos de cubrir las necesidades de un sistema que ha registrado pérdidas en los últimos años y que requiere aumentar el nivel de cobertura y asistencia.

La Fundación IDIS ha realizado el informe “Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario”, en el que analiza las posibles repercusiones que tendría una falta de acuerdo y la no renovación del convenio. 

El documento expone que mientras que la cápita pública por persona ha crecido un 53% en los últimos diez años, lo destinado a las mutualidades lo ha hecho en un 32%, lo que produce pérdidas de casi 200 millones de euros anuales en las compañías aseguradoras que prestan este servicio. Por ello, la Fundación IDIS insta a la Administración a adaptar la prima en un futuro acuerdo que garantice que estas compañías cubran los costes económicos y de prestaciones sanitarios que requiere su cobertura. “De no ser así, se desencadenaría un escenario de crisis que haría inviable el sistema de mutualismo”, han subrayado desde esta entidad. “Su viabilidad está comprometida por el aumento de costes debidos a la inflación, la ampliación de prestaciones, el envejecimiento de los beneficiarios, los efectos de la Covid-19 y la inversión en equipamientos”, ha añadido Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

El informe explica las consecuencias que provocaría, en el sistema sanitario público, la desaparición del mutualismo en nuestro país y, por tanto, un modelo de cobertura 100% pública. Por un lado, señala que las visitas a Atención Primaria se incrementarían un 2%, es decir, habría 5 millones más. También, se vería afectada la ratio de urgencias. En lo referente a las listas de espera, aumentarían un 266% para consultas externas y un 115% en cirugías. Por otra parte, algunas comunidades autónomas, como Murcia, Cantabria, Castilla León o La Rioja, vivirían una situación de colapso. En lo referente a la red hospitalaria, se tendrían que añadir 3.975 camas; un 3,8% más de su capacidad actual a nivel nacional. En términos de gasto, el cambio del sistema sanitario supondría un aumento de 1.214 millones de euros anuales, un 1,3%. “Más allá de estas repercusiones, hay otras que tienen que ver con el empleo y el impacto en la actividad privada”, ha subrayado Marta Villanueva. En concreto, el informe estima una pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo en el sector sanitario privado. Asimismo, la merma del número de asegurados mutualistas provocaría la reducción de la utilización de camas privadas y esto llevaría al cierre de centros hospitalarios en algunas provincias. 

“Todos estos datos corroboran los beneficios que el modelo de mutualismo bien consolidado viene aportando, lo que nos hace defender su existencia y su necesaria dotación presupuestaria, que es responsabilidad de la Administración”, ha concluido la directora general de la Fundación IDIS.

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