Por Medicina Responsable
24 de abril de 2024A través de una carta remitida a la Organización de Naciones Unidas (ONU), un total de trece asociaciones feministas españolas han denunciado la permisividad que ofrece a los maltratadores la entrada en vigor de la Ley Trans para vulnerar los derechos de las mujeres. Estas asociaciones manifiestan su “creciente preocupación” por “los casos de varones que están usando el cambio, sin requisitos, de la mención registral del sexo que ampara la denominada Ley Trans para eludir leyes orgánicas como la de Violencia de Género, vulnerando el sistema internacional de Derechos Humanos y de derechos de las mujeres".
En esta carta apuntan a la “variada casuística que demuestra cómo la autodeterminación registral de sexo está sirviendo a varones maltratadores sentenciados y otros delincuentes para vulnerar los derechos, libertades y seguridad de mujeres víctimas de violencia de género”. Entre las asociaciones firmantes se encuentran la Asociación Española de Feministas Socialistas (Femes), la Alianza contra el borrado de las Mujeres, Asociación Mujeres Juristas Themis, Fundación Mujeres o la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur).
El destinatario de esta carta es la Relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, a quien estas asociaciones advierten de los casos que se están produciendo en nuestro país a raíz de la entrada en vigor de la Ley Trans. En el comunicado ponen como ejemplo el anuncio que hizo el pasado de 18 de marzo la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en el que advertía de que seis agresores incluidos en el sistema VioGén habían solicitado y obtenido el cambio de mención registral del sexo en el Registro Civil.
También aluden a casos de “varones transidentificados” que conservan su nombre de pila y aspecto y exigen participar como “mujeres” en oposiciones y promociones profesionales. En este sentido, se refieren concretamente a una asociación llamada “Trans No Normativos”, integrada por Policías y Militares, que se aprovecha de este procedimiento de cambio de sexo para acceder a espacios y cargos reservados a mujeres, como baños, duchas, habitaciones o enfermerías en los acuartelamientos.
Las asociaciones señalan que la Ley Trans es una norma “denunciada desde su tramitación” no solo por una parte del movimiento feminista, sino por asociaciones de juristas o el propio Consejo del Poder Judicial. La carta también apunta a la “falta de transparencia y oscurantismo” que perciben en la administración pública a la hora de solicitar los datos para conocer la situación “real” generada por el cambio de sexo registral.