La empresa investigada en el caso Koldo vendió mascarillas a un precio superior al coste real

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la empresa implicada en la presunta trama de corrupción por la compra-venta de mascarillas durante la pandemia, que provocó la detención el pasado martes del asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, junto a su mujer, su hermano y otras 17 personas más, obtuvo contratos por más de 40 millones de euros solo con los ministerios de Fomento e Interior y las administraciones de Baleares y Canarias. En total, la compañía que está siendo investigada por nueve contratos, recibió adjudicaciones por un valor superior a 52 millones de euros. 

Según publica el diario El Mundo, los precios por los que estas administraciones compraron las mascarillas en los inicios de la pandemia, momento en el que era muy complicado conseguir material sanitario en el mercado internacional, eran muy superiores al coste real de las mascarillas ofrecidas. De hecho, la sociedad apenas gastó el 13% del dinero público recibido en comprar el material sanitario. 

En Canarias, durante la pasada legislatura, presidida por el actual ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torre, se firmaron al menos tres contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, a través de los cuales, según apunta el diario El País, se llegó a pagar 11,9 millones de euros por 5,3 millones de mascarillas. A esto se le sumó un pago adicional de 417.814 euros en concepto de transporte. Estas compras se realizaron por trámite de emergencia en abril de 2020, en el momento más duro de la pandemia, algo que se hizo en todas las administraciones por las circunstancias excepcionales. El primero de los contratos del Servicio Canario de la Salud (SCS), dirigido por Antonio Olivera, en la actualidad jefe de gabinete de Torres en el ministerio, contemplaba la entrega de 2,75 millones de mascarillas a un precio total de 6,87 millones de euros (2,5 euros por cada una).

Mascarillas defectuosas

Durante las entregas, varios hospitales canarios detectaron que una parte importante de esas mascarillas eran de inferior calidad que las contratadas, hecho por el cual se interrumpió su distribución y se reclamó el dictamen del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), que corroboró que no eran mascarillas FFP2, sino FFP1. 

Aunque la Audiencia de Cuentas de Canarias emitió un informe en el que dudaba de la empresa Gestión y Apoyo a Empresas SL, porque no correspondía el objeto social con la venta de este material sanitario, la administración siguió adelante por la urgencia con la que se necesitaban las mascarillas.

En Baleares, comunidad presidida en aquel momento por la socialista Francina Armengol, la compañía investigada vendió en plena pandemia 1,4 millones de unidades, también procedentes de China, pagando un total de 1,3 millones de euros, un precio menor que el del gobierno canario. Tras la revisión del CNMP también se determinó que eran de una calidad inferior a las contratadas. Más de tres años y medio después, dichas mascarillas se encuentran almacenadas por el departamento de salud pública balear.

Interior: mascarillas a 3,27 euros

El Ministerio de Interior, con Fernando Grande Marlaska al frente, también adjudicó un contrato con la empresa investigada por un total de 3,47 millones de euros con fecha de 20 de abril de 2020 y en las mismas condiciones de urgencia que el resto de administraciones. En el caso de este ministerio, que necesitaba el material para los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajaron en pleno confinamiento, el precio de las mascarillas alcanzó los 3,27 euros. 

 

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