Por Sergio Díaz
13 de febrero de 2025El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha dictado sentencia a favor de los hijos de un hombre de 52 años que falleció tras una demora de casi dos horas en la llegada de una ambulancia en la localidad de Mazarrón. La justicia ha determinado que la muerte fue consecuencia directa de una asistencia tardía e ineficaz, por lo que el Servicio Murciano de Salud (SMS) deberá indemnizar a la familia con 78.000 euros.
Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2020, cuando el hombre, con patologías previas, comenzó a experimentar dificultades respiratorias. A las 12:31 horas, sus familiares llamaron al 112 para solicitar ayuda urgente. Sin embargo, la ambulancia no llegó de inmediato, lo que obligó a la familia a realizar varias llamadas adicionales para advertir de la gravedad del caso.
Según asegura la familia, a las 13:24, tras casi una hora sin recibir atención, los familiares volvieron a insistir en la urgencia de la situación. Sin embargo, la ambulancia seguía sin aparecer. La desesperación creció cuando, a las 14:01, llamaron al Centro de Salud de Mazarrón, que se encontraba a poca distancia, para solicitar una intervención inmediata. La respuesta fue que debían seguir esperando a los servicios de emergencia.
Finalmente, la ambulancia llegó a las 14:17, cuando el paciente ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Fue trasladado al Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después.
El caso fue llevado ante la Asociación El Defensor del Paciente que, tras analizar los audios de las llamadas de emergencia, ha concluido que la gestión había sido “desastrosa, burocrática e inhumana”. Durante el procedimiento judicial, el Servicio Murciano de Salud ha reconocido la tardanza injustificada y el error en la asignación de recursos, admitiendo que los 110 minutos de espera superaban ampliamente los estándares de calidad.
La indemnización inicial establecida por el SMS era de 73.925,83 euros, pero la sentencia sumó los intereses legales hasta alcanzar los 78.000 euros. Los hijos del fallecido han hecho público el caso con la esperanza de que errores similares no vuelvan a repetirse y que se tomen medidas para mejorar la gestión de emergencias médicas en la región.
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