La deuda de las autonomías con el sector de tecnología sanitaria aumenta un 30% en 2023

El Observatorio de la Deuda Sanitaria de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha elaborado un informe analizando la evolución de la deuda pública de las autonomías con el sector de la tecnología sanitaria desde comienzos de 2023. Aunque destaca que hay una evolución dispar entre las distintas comunidades, el importe total de esta deuda asciende a 1.144 millones de euros con datos a cierre de octubre, lo que supone un aumento del 30% desde comienzos de año. La Comunidad de Madrid (219 M€), Comunidad Valenciana (215 M€), Andalucía (172 M€) y Murcia (85 M€) encabezan este ranking en el que La Rioja (7 M€), Navarra (12 M€), Asturias (20 M€) y Extremadura (21 M€) mantienen las cifras más bajas.

Desde Fenin, que aglutina a más de 500 empresas entre fabricantes, distribuidoras e importadoras, con un 80% del volumen total de producción en España, se ponen a disposición de las administraciones para reducir las cifras actuales y ayudar así a “asegurar la liquidez y viabilidad de las empresas del sector y establecer otras medidas fiscales y económicas que incentiven la actividad de las empresas”.

Periodo medio de pago

El otro indicador que analiza este barómetro de la deuda pública es el periodo medio de pago, el cual experimenta un incremento del 33% en el presente año alcanzando una media de 96 días respecto a los 72 que se registraban en enero. Solo seis comunidades cumplen con los plazos establecidos por la ley. De nuevo, Murcia (203), la Comunidad de Madrid (138), Comunidad Valenciana (133) presentan las cifras más preocupantes, frente a las que Fenin destaca el ejemplo de Cataluña y Castilla y León, las cuales han reducido estos periodos en un 47 y 20% en el último mes, respectivamente.

Como causas de este pronunciado y dispar aumento, Fenin apunta al actual contexto económico “marcado por una elevada inflación, la subida de tipos de interés (encareciendo la financiación de las empresas) y el impacto del incremento de los costes de producción en la actividad del sector”, repercutiendo directamente sobre la viabilidad financiera de estas empresas. Desde la federación valoran “positivamente el compromiso de la mayoría de las comunidades autónomas” por situarse o aproximarse a los 60 días de plazo máximo que marca la legislación vigente para administraciones públicas, aunque insta a las comunidades con las situaciones más “preocupantes” a seguir esta senda.

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