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El uso de preservativos en adolescentes españoles disminuye 18 puntos en dos décadas

Según los datos de un informe del Ministerio de Sanidad, uno de cada tres jóvenes de 15 a 18 años ha mantenido relaciones sexuales coitales

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El uso de preservativos en adolescentes españoles disminuye 18 puntos en dos décadas
Freepik

Por Juan García

3 de febrero de 2026

Un 65,5% de los adolescentes españoles de 15 a 18 años declara haber usado preservativo en su última relación sexual, según los datos del módulo de conducta sexual adolescente del Estudio HBSC-2022 en España (Health Behaviour in School-aged Children), publicados este martes por el Ministerio de Sanidad. Esta cifra, correspondiente a 2022, muestra un significativo descenso en el uso de este método anticonceptivo, que sigue siendo el más usado por los jóvenes. Una bajada que, respecto al año 2002 alcanza los 18 puntos.

El informe señala que uno de cada tres jóvenes en esta franja de edad (34,8%) han mantenido relaciones sexuales coitales, con escasas diferencias entre chicos y chicas. En cuanto a la edad de iniciación en las prácticas sexuales, se ha producido un cambio de tendencia en lo que se considera como inicio precoz, es decir, con 13 años o menos. Con uno de cada cinco adolescentes (19,8%) enmarcados en esta categoría, el porcentaje venía en descenso en las sucesivas ediciones de esta encuesta desde el máximo alcanzado en 2010 (23,9%). Los últimos datos de 2022 muestran un crecimiento de un punto respecto a 2018 y de cinco en comparación con dos décadas antes. 

Las chicas, especialmente vulnerables

Otra tendencia que muestran estos datos es el aumento de la brecha de género en la recurrencia al uso de preservativo, pues si en 2002 su uso era prácticamente paritario (82,5% en chicas y 83,3% en chicos), en 2022 la diferencia se ha acentuado: solo el 60,8% de las chicas lo utilizó, frente al 70,6% de los chicos. El Ministerio de Sanidad reconoce que las cifras son “especialmente preocupantes” en el caso de las chicas de 15 a 16 años, donde se ha producido un acentuado descenso en los últimos cuatro años, pasando del 78,5% en 2018 al 62,9% en 2022.

Por otro lado, el uso de la píldora anticonceptiva (sola o en combinación con otro método) se sitúa en el 15,9%, una cifra que se mantiene estable desde 2014.

“Este escenario implica que uno/a de cada cuatro adolescentes recurre a métodos inseguros para prevenir embarazos y uno/a de cada tres para prevenir infecciones de transmisión sexual. Aunque las chicas presentan una mayor utilización de la píldora anticonceptiva (19,6%) y de anticoncepción de emergencia (32,3% entre las sexualmente activas), su nivel de protección frente a infecciones es menor y su exposición a embarazos no planificados, mayor”, apuntan desde Sanidad.

Desde el Ministerio destacan también que este menor uso de preservativos en chicas, sumado a la “elevada frecuencia de prácticas sexuales como la marcha atrás (16,9%) pone de manifiesto una mayor situación de vulnerabilidad en la salud sexual de las adolescentes”.

Respecto a los embarazos adolescentes, las cifras muestran una disminución hasta alcanzar un 2,9% en 2019. Esto muestra una tendencia a la baja desde el año 2010, cuando se registró el máximo (5,9%).

La desigualdad económica como factor de riesgo

En las familias con menor capacidad adquisitiva se registran tasas más altas de inicio precoz, menor uso del preservativo y una mayor frecuencia de métodos inseguros. 

En contraste, los y las adolescentes de familias con alta capacidad adquisitiva presentan mejores indicadores de prevención, incluyendo un uso más frecuente de anticonceptivos seguros y de emergencia.

Para el Ministerio, estos datos “evidencian la necesidad de fortalecer las políticas de educación sexual integral desde un enfoque preventivo y comunitario, así como de atender a los determinantes sociales de la salud que condicionan la conducta sexual de los y las adolescentes”. 

En esta línea, apuestan por promover un uso consistente de métodos anticonceptivos seguros y paliar las desigualdades sociales en salud sexual, para lo cual defienden la necesidad de “una respuesta multisectorial, en la que se impliquen centros educativos, servicios sanitarios y familias”.



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