
Por Virginia Delgado
14 de octubre de 2026Desde este jueves los médicos y enfermeros de la Administración Penitenciara, así como el resto de los funcionarios de prisiones, son considerados agentes de la autoridad.
Así se ha anunciado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con la publicación de la Ley Orgánica 4/2026, que modifica dos apartados del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979 y añade tres.
La condición de agente de la autoridad supone, entre otras cosas, que las manifestaciones e informes emitidos por estos profesionales tienen valor probatorio y que se pueden identificar con su número de registro profesional. También, que la Administración les debe resarcir económicamente cuando sufran daños personales o materiales durante su trabajo, sin mediar por su parte dolo, culpa o negligencia grave, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Para los médicos y enfermeros penitenciarios esta decisión ha sido una buena noticia, pero no la mejor ni la que esperaban. “El ser agente de la autoridad es un plus de seguridad y aumenta nuestra tranquilidad. Es un reconocimiento a una labor que no es precisamente fácil y que tiene sus riegos. Sin embargo, no es un paso en la sanidad penitenciaria”, comenta a Medicina Responsable el doctor Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).
Con ello, el médico se refiere a que no soluciona los problemas que tiene el sector: falta de profesionales y desigualdad de condiciones económicas con respecto a sus colegas de Medicina de Familia o Interna. “Desgraciadamente, el ser agente de la autoridad no va a hacer que los médicos quieran venir a trabajar a los centros penitenciarios. Esto no cambia nada. Van a seguir priorizando lo normal, que es una carrera profesional, un sueldo más digno y unas buenas condiciones laborales que aquí no tenemos. Colectivamente seguimos estando en el mayor de los desastres, seguimos estando cerca del colapso”, subraya el doctor Antón Basanta.
El presidente de SESP explica a Medicina Responsable que no se cumple la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salus que se aprobó en 2003. Una norma que determina que la sanidad penitenciara debe estar integrada en los sistemas autonómicos de salud. 23 años después solo Cataluña, País Vasco y Navarra tienen asumidas sus competencias, el resto de comunidades no ha hecho las transferencias. “Cada día que pasa la sanidad penitenciaria está peor”, subraya.
El doctor insiste en que se jubilan muchos médicos y entran muy pocos. “Además, están entrando por la puerta de atrás como personal laboral. Esto hace que haya dos tipos de médicos; los de carrera y los que no tienen requisitos de especialidades. No sabemos qué va a ocurrir. Si van a tener el mismo sueldo, distintas funciones… Esto va a hacer que, al final, nos enfrentemos unos con otros porque no tiene ningún sentido lo que está pasando. Lo que están haciendo son chapuzas y parches. Esto es algo tremendo”, lamenta el médico.
También, le apena que la población reclusa “no interese absolutamente a nadie” y que el problema que sufre su colectivo médico no tenga el eco que tienen otros. “Nadie protesta ni dice lo suficiente. Esto no moviliza. No se hacen manifestaciones ni acampadas. Seguiremos así…”, añade. Asimismo, hace un llamamiento por sus compañeros enfermeros que asumen labores que no les corresponde. “En muchas prisiones están solos. Hacen de tripas corazón para sacar cosas que no son su competencia”, señala.
En la actualidad, solo se cubre el 10% de las plazas de la Oferta de Empleo Público de facultativos de la sanidad penitenciaria. “Es la única oposición en este país en la que se convocan más plazas que personas se presentan. Los médicos de prisiones no tenemos relevo generacional. No viene gente joven a la que transmitir nuestra experiencia y nuestros conocimientos para que siga funcionando como funcionaba. La sanidad penitenciaria ha sido un referente fuera de nuestras fronteras e incluso hemos recibido premios de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, manifiesta el doctor Antón Basanta.