Por Clara Arrabal
16 de enero de 2026El Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) está viviendo una de sus semanas más convulsas tras la denuncia de Tomás Merina, presidente electo de las últimas votaciones y cuya proclamación fue anulada, en la que alega una supuesta irregularidad al cesar la nueva Junta Directiva a la Junta Electoral el pasado 20 de enero de 2025.
Un año después, este 14 de enero, y según publicó Medicina Responsable, salió a la luz que una jueza de Madrid está investigando tanto al presidente actual, Manuel Martínez-Sellés, como a toda su Junta Directiva por un supuesto delito de prevaricación durante el proceso electoral. De hecho, según fuentes de Europa Press, la magistrada "aprecia indicios suficientes para presumir la posible existencia de una infracción penal".
Por ello, entre las primeras actuaciones acordadas, el juzgado encargado del caso ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid que remita testimonio del procedimiento ordinario 29/2025, al considerar que su contenido puede resultar relevante para el avance de la causa.
Sin embargo, ante estas informaciones, la Junta Directiva del ICOMEM ha respondido: "No se ha recibido la denuncia ni existe imputación formal contra miembro alguno de esta Junta Directiva. Solo por la información aparecida en prensa conocemos que se han incoado Diligencias Previas para practicar aquellas diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, acordando a tal efecto recabar del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que está conociendo del recurso planteado por el denunciante toda la información derivada del mismo para, con su resultado, acordar lo procedente".
La Junta Directiva responde
Además, en el comunicado se pronuncia también sobre los hechos denunciados, el cese de la actividad de la Junta Electoral, afirmando que "respondió a una necesidad institucional justificada, tras la anulación de la proclamación de Tomás Merina como candidato electo, resuelta por la Comisión de Recursos del propio Colegio". Y recuerda que fue la propia junta quien "solicitó suspender el acto de toma de posesión" por no estar en el ejercicio de la profesión. "No se trató de una decisión arbitraria, sino de una actuación motivada y respaldada por el departamento jurídico del ICOMEM", añade.
Por ello, rechaza rotundamente la acusación de prevaricación administrativa, según la propia Junta Directiva, "por ser infundada, por distorsionar la realidad institucional y por convertir en objeto de denuncia penal un acto plenamente documentado, transparente y legítimo".
Finalmente, respecto a la figura de Tomás Merina, sostiene: "Lamentamos que Merina utilice la vía penal, a nuestro entender de forma torticera, buscando solo erosionar la reputación de la institución sin aportar soluciones". Y añade: "Esta nueva denuncia, lejos de contribuir a esclarecer los hechos o fortalecer el funcionamiento democrático del Colegio, no hace sino añadir confusión, erosionar la confianza en las instituciones médicas y dañar injustamente la reputación del ICOMEM".
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