Por Clara Arrabal
15 de enero de 2026El Juzgado de Instrucción número 5 Madrid ha abierto diligencias previas para investigar al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), Manuel Martínez-Sellés, y a su Junta Directiva en funciones por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación a las ultimas elecciones. La causa ya ha sido trasladada al Ministerio Fiscal.
Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada encargada del caso ha tomado dicha decisión tras la interposición de una denuncia por parte de Tomás Merina Ortega, que se declara el ganador de los comicios celebrados en diciembre de 2024.
"La Junta Directiva que perdió las elecciones en diciembre de 2024, estando en funciones, decidió cesar a la Junta Electoral antes de que hubiera un traspaso de poderes", ha explicado el presidente electo en un comunicado, aportando el documento firmado el 17 de marzo de 2025 que acredita la suspensión de la actividad de la Junta Electoral "hasta que, en su caso, proceda como consecuencia de la resolución administrativa o judicial". De esta manera, argumenta Merina, "se eliminó el órgano que debe garantizar la transición democrática, al mismo tiempo que, en virtud de este acuerdo, deja de estar en funciones y actúa en beneficio propio".
El documento investigado
La Junta Directiva será investigada precisamente por la resolución adoptada el pasado 17 de marzo, cuando decidió cesar a la Junta Electoral del ICOMEM tras perder las elecciones colegiales. En la resolución, la jueza aprecia indicios suficientes para presumir la posible existencia de una infracción penal. El objetivo de las diligencias será esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y depurar responsabilidades penales.
Entre las primeras actuaciones acordadas, el juzgado ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid que remita testimonio del procedimiento ordinario 29/2025, al considerar que su contenido puede resultar relevante para el avance de la causa.
No garantizar la transición democrática
Según expone el escrito de denuncia, el cese de la Junta Electoral se realizó para "eliminar al órgano que garantizaba la transición democrática" y "mantenerse en el poder tras haber sido derrotados en las urnas".
En el auto de admisión a trámite, la jueza instructora afirma que los hechos señalados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
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