Retrasar la edad de jubilación aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 70

Retrasar un año la edad de jubilación, según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), supone un riesgo para la salud ya que eleva "de manera significativa" el riesgo de fallecer entre los 60 y los 69 años. Un riesgo que predomina en los sectores que desempeñan labores físicamente demandantes o que están expuestos a altos niveles de estrés emocional y mental.

En concreto, el estudio concluye que el riesgo de morir al retrasar el año de jubilación aumenta en un 38%, aunque también señala que el riesgo de muerte temprana es "considerablemente menor" en aquellos trabajadores que pueden acogerse a mecanismos de jubilación parcial, lo que les permite reducir su jornada laboral a medida que se acercan a la edad de retiro. Por este motivo, Fedea subraya la importancia de diseñar con cautela las políticas de jubilación, ya que pueden tener efectos significativos en la salud de los empleados.

Este análisis se basa en un experimento derivado de la reforma de la jubilación anticipada de 1967 que modificó la edad de jubilación anticipada en España en función de la fecha en la que los individuos comenzaron a cotizar al sistema de seguridad social. En particular, permitía que quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de enero de 1967 pudieran jubilarse voluntariamente a partir de los 60 años, mientras que los demás, con ciertas excepciones, debían esperar hasta los 65 años para retirarse.

Los ahorros fiscales no compensan

El estudio presta especial atención a cómo varían los efectos sobre la mortalidad dependiendo de las características de los puestos de trabajo y la flexibilidad de la jornada. En base a los resultados los autores calcularon el coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción jubilación anticipada y muestran que el impacto adverso sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales.

Utilizando el valor de un año de vida ajustado por calidad a los 60 años en España encontraron que un aumento de 0,46 años en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable en 8.564 euros por individuo. Por otro lado, la reforma supone un retraso en la salida del mercado laboral que genera, en promedio, una aportación adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros.  Además, debido a que la reforma conduce a una mortalidad temprana, ahorrando así a la seguridad social 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión. Como resultado, la Seguridad Social obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma.

“Los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social”, explican desde Fedea. “En un momento en el que la prolongación de las vidas laborales puede ser un instrumento imprescindible para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, los resultados del estudio apuntan a la necesidad de diseñar con cuidado los detalles de las políticas de jubilación, atendiendo a sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores. Es importante, en particular, tener en cuenta el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación, que no pueden ser iguales para todos, así como introducir, con carácter general, mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral”.

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