Por Juan García
1 de agosto de 2025La regulación de las guardias es uno de los puntos críticos en la negociación del Estatuto Marco para los médicos. Las posturas entre los representantes de los facultativos y el Ministerio de Sanidad se mantienen muy distantes a este respecto, con una propuesta de reforma de esta norma que no satisface a los sindicatos médicos.
Preguntada por la demanda de los sindicatos médicos de establecer la voluntariedad de la realización de guardias, la ministra, Mónica García, expresó que “hay demandas que son inviables”, porque la “atención a la urgencia no puede ser voluntaria, otra cosa es cómo organicemos para que no sea una carga horaria excesiva”.
Unas declaraciones que los sindicatos médicos entienden que se basa en una argumentación “falaz” y que no se corresponde con sus reivindicaciones. “Ningún médico sostendría jamás que atender las urgencias pueda ser voluntario. Lo que demandamos no es eso, sino la voluntariedad de cualquier prolongación de la jornada laboral. Los médicos somos los únicos profesionales a los que, una vez completada nuestra jornada, se nos obliga a hacer horas extra a precio de saldo”, han criticado la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en un comunicado en el que vierten duras críticas contra la postura del Ministerio.
Estas organizaciones argumentan que hay asentado en la sanidad pública “un modelo perverso que consiste en prolongar la jornada laboral del médico de manera obligatoria”. Así, entienden que “asignar la atención urgente a las guardias no es más que un invento para ahorrarse plantilla”, algo que califican como “explotación laboral”.
Entre los sindicatos médicos tampoco han sentado bien las palabras de la ministra en las que aseguraba que habían alcanzado un texto de “consenso al 95% con los sindicatos”. Con la convocatoria de huelga para el próximo mes de octubre por parte de CESM y SMA, los sindicatos no comparten el optimismo y vienen advirtiendo que mantendrán sus medidas de movilización para conseguir un espacio de negociación propio para los médicos. “Por lo visto no somos más del 5% y por tanto insignificantes”, ha ironizado el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, a través de redes sociales.
La ministra de Sanidad ha asumido como un “compromiso personal” el acabar con las guardias de 24 horas, limitándolas a un máximo de 17. Sin embargo, el propio texto del Ministerio deja la puerta abierta a que se amplíen hasta las 24 “en casos excepcionales”, de “forma voluntaria” y con “pleno consentimiento”. La novedad que ha introducido Sanidad a este respecto es que esta ampliación deberá estar avalada por un informe de riesgos laborales. Los sindicatos médicos recelan de esta forma de regular las guardias por entender que puede, en la práctica, seguir permitiendo la realización de jornadas excesivas que vienen denunciando.
Lo cierto es que las largas jornadas que soportan los médicos es uno de los puntos más críticos en la regulación de sus condiciones laborales, más aún teniendo en cuenta que representa una parte importante de la nómina de los facultativos. La voluntariedad de las guardias parece una quimera con el estado de las plantillas actuales, como reconoce el propio Ministerio: “Aunque se han previsto varias medidas para revisar la duración de las jornadas de los profesionales que realizan guardias, no es posible actualmente establecer su voluntariedad”. Por ello, en el documento resumen de la última propuesta de Sanidad para reformar el Estatuto Marco inciden en la necesidad de “iniciar una estrategia a largo plazo de racionalización de plantillas y de adaptación de las necesidades de recursos humanos para evitar la sobrecarga de los profesionales”. Desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), calculan que, para acabar con las guardias, sería necesario aumentar las plantillas en un tercio de su capacidad actual, una cifra que requeriría un considerable desembolso que las administraciones sanitarias no parecen en condiciones de poder si quiera acercarse.
Sindicatos y comunidades autónomas están citados de nuevo a reunirse con Sanidad a la vuelta de las vacaciones en septiembre y la ministra ha apremiado a ambos a alcanzar un documento de consenso para otoño o, de lo contrario, “corremos el riesgo de que se guarde en el cajón”.