Por Juan García
30 de julio de 2025La negociación del Estatuto Marco afronta el parón veraniego con la voluntad del Ministerio de consensuar un texto con las comunidades autónomas y los sindicatos del ámbito, a pesar de las críticas vertidas desde ambos lados. Tras la reunión del pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, la ministra Mónica García ha incidido en que las negociaciones entran ahora en una “nueva fase”, en la que pasarán a “pulir” el texto con las comunidades autónomas. García ha anunciado así que retomarán el calendario de reuniones en septiembre tanto con el ámbito de negociación como con las comunidades autónomas. Posteriormente convocará el Foro Marco del Diálogo Social, en el que tienen representación ambos agentes.
Uno de los aspectos críticos para las comunidades es la financiación, donde las consejerías de salud, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, han puesto el acento en reclamar. A este respecto, la ministra ha defendido que esperarán a contar con una versión definitiva del texto para desarrollar la memoria de impacto económico. Ante los reproches por parte de los consejeros populares por la ausencia de cifras económicas para ejecutar las medidas que plantea el nuevo estatuto, García ha defendido que la financiación autonómica no es “finalista” y que son las comunidades las que deberán tomar las decisiones sobre cómo aplicar las medidas necesarias para adoptar sus servicios de salud a la nueva regulación.
Sobre las reclamaciones de los sindicatos, ha expresado que algunas de ellas, como las relativas a las retribuciones, entran en conflicto con las competencias del Ministerio, por lo que recalca que son aspectos que deberán abordarse en la negociación con las comunidades autónomas.
En esta “nueva fase” de negociación, García ha señalado que tendrán más peso las comunidades autónomas para continuar avanzando hacia un texto definitivo. La titular de Sanidad ha reconocido que aún “queda mucho trabajo por hacer”, pero defiende que el texto que manejan actualmente está “consensuado en un 95%” con los sindicatos del ámbito.
En esta línea, ha sacado pecho de las mejoras introducidas en esta norma, como la limitación de las guardias a 17 horas, la reducción del máximo de horas semanales o el reconocimiento del exceso de carga laboral. Además, también se ha defendido de las críticas de falta de comunicación que le achacan las comunidades autónomas, señalando que han mantenido un diálogo “abierto y permanente” tanto con los sindicatos como los representantes de las comunidades.
García ha reiterado su voluntad de seguir avanzando en las negociaciones “sin prisa”, pero ha fijado el próximo otoño como fecha límite para continuar el recorrido del Estatuto: “Si no tenemos un texto definitivo para esa fecha, corremos el riesgo de que se quede en un cajón”.
Una de las razones que ha apuntado la ministra para justificar que no estén hablando de dotación presupuestaria por el momento es la falta de un documento definitivo que trabaje más a fondo determinados aspectos.
Entre esos aspectos pendientes de cerrar, los sindicatos del ámbito han marcado como prioritaria la revisión de las retribuciones y la regulación de la jubilación anticipada. García ha precisado que el Ministerio no tiene potestad para entrar en estos asuntos, puesto que supondría “invadir competencias autonómicas”. “Hay demandas de los sindicatos que no pertenecen al Estatuto Marco”, ha afirmado a este respecto. Este es otro de los puntos que ha emplazado a seguir trabajando con las comunidades autónomas, quienes asegura le han trasladado sus inquietudes sobre cómo abordar estos aspectos y hasta dónde llega la cogobernanza de los gobiernos autonómicos y el central.
En este sentido, ha señalado que el impacto económico será muy variable entre comunidades autónomas y que por ello necesitan seguir avanzando para que el texto “vea la luz lo antes posible”.