Por Medicina Responsable
30 de septiembre de 2024La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento presentará en los próximos días a las comunidades autónomas un borrador de protocolo para el registro de profesionales objetores en las interrupciones voluntarias del embarazo y así "poder garantizar el derecho al aborto".
"En los próximos días tendremos el borrador del protocolo para el registro de personas objetoras en las interrupciones voluntarias del embarazo, para que ninguna comunidad, región y ningún lugar de nuestro país se pueda amparar en ese vacío legal para que la interrupción legal del embarazo no se lleve a cabo en la sanidad publica", ha señalado García durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
La ministra ha indicado que el objetivo de su departamento es "cumplir la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción voluntaria del Embarazo", al tiempo que ha afirmado que este borrador se presentará ante las comunidades autónomas, con las que ha asegurado que trabajarán durante las próximas fechas para que vea la luz.
García ha recordado que el pasado sábado se celebró el Día del Aborto Seguro "en un momento en el que vemos muchas voces que quieren retrotraer a tiempos pretéritos". "Nuevamente la lucha política se da sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre las decisiones de las mujeres, sobre la vida de las mujeres, pues nosotros queremos volver a reivindicar efectivamente el aborto libre y seguro como un derecho fundamental de las mujeres que ya hemos conquistado, que ya conquistamos hace mucho tiempo", ha recalcado la ministra.
Una medida polémica
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en el Consejo de Ministros hace ya dos años, generando una gran polémica dentro de la profesión sanitaria. No sólo por permitir que las menores de 16 años aborten sin permiso paterno, sino también porque “se abre la puerta a la discriminación de los médicos que quieran acogerse al derecho de objeción de conciencia, reconocido por la Constitución”, explicaban en su día desde el Colegio de Médicos de Madrid.
El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez Sellés, expresaba a Medicina Responsable su preocupación por esta ley. "Desde luego yo estoy en contra de esta ley, y creo que desde el Colegio de Médicos de Madrid hemos manifestado en varias ocasiones nuestra preocupación". Desde este organismo afirman que se va a crear un listado con los médicos que no quieran realizar este tipo de intervenciones, y eso es muy peligroso. “Ningún médico debería ser discriminado por acogerse al derecho de objeción de conciencia. A partir del momento en el que los médicos objetores estén en este listado se pueden producir discriminaciones por parte del Gobierno, por parte de la Consejería, etc. Por ejemplo, puede ocurrir que un ginecólogo que sea objetor tenga consecuencias a la hora de una renovación de contrato o de una contratación”, explicaba Sellés.
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