El Gobierno aprueba la ley del aborto con gran polémica social y sanitaria

 

Contradictoria, disparatada para unos y adecuada a nuestro tiempo para otros, en cualquier caso, llena de controversia. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ha sido aprobada en el Consejo de Ministros, genera una gran polémica dentro de la profesión sanitaria. No sólo por permitir que las menores de 16 años aborten sin permiso paterno, sino también porque “se abre la puerta a la discriminación de los médicos que quieran acogerse al derecho de objeción de conciencia, reconocido por la Constitución”, como explican desde el Colegio de Médicos de Madrid.

 

 

 

 

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez Sellés, ha explicado a Medicina Responsable su preocupación por esta ley. "Desde luego yo estoy en contra de esta ley, y creo que desde el Colegio de Médicos de Madrid hemos manifestado en varias ocasiones nuestra preocupación". Desde este organismo afirman que se va a crear un listado con los médicos que no quieran realizar este tipo de intervenciones, y eso es muy peligroso. “Ningún médico debería ser discriminado por acogerse al derecho de objeción de conciencia. A partir del momento en el que los médicos objetores estén en este listado se pueden producir discriminaciones por parte del Gobierno, por parte de la Consejería, etc. Por ejemplo, puede ocurrir que un ginecólogo que sea objetor tenga consecuencias a la hora de una renovación de contrato o de una contratación”, ha explicado Sellés.

 

La ministra de igualdad, Irene Montero, en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, ha recordado que la educación sexual es el “reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y niños, y el acceso a ese derecho tiene que ver también con "la ley del solo sí es sí", aprobada el pasado jueves. “Estamos trasformando de forma profunda las políticas de Estado, y creando una arquitectura feminista para poder transitar hacia otra cultura sexual, basada en el consentimiento y en la libertad sexual de todas las mujeres”, ha explicado la ministra de Igualdad.

 

 

 

 

La ley actual del aborto es del año 2010 y en ella se recoge que las chicas de 16 y 17 años podían interrumpir el embarazo por decisión propia, sin que fuera necesario ningún consentimiento adicional, aunque al menos uno de los representantes legales o tutores de las jóvenes tendría que ser informado. Sin embargo, en 2015 el Partido Popular modificó esta ley para que todas las menores de 18 años necesitaran el consentimiento de sus padres o representantes legales para poder realizar la intervención. Con el proyecto de la reforma de la ley del aborto, se quiere volver a la norma de 2010, y recuperar que las menores de 16 años puedan abortar sin autorización parental hasta las 14 semanas de gestación, al igual que las mujeres con discapacidad.

 

Claves de la reforma de la Ley del Aborto:

 

Plazos para abortar

La Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo contempla los siguientes plazos:

-Primeras 14 semanas del embarazo: el aborto es libre, siempre que se informe a la mujer sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.

-Entre las semanas 14 y 22: se puede ampliar el plazo para abortar hasta la semana 22 de gestación si un médico acredita que hay malformaciones en el feto o la embarazada sufre una enfermedad grave.

-Después de la semana 22: solo está permitida la interrupción del embarazo si existen anomalías fetales incompatibles con la vida.

 

Los hospitales públicos deben garantizar el aborto

La reforma de la ley del Ministerio de Igualdad establece la obligación de que todos los hospitales públicos garanticen la intervención quirúrgica del aborto con fondos de la sanidad pública en todas las provincias españolas, (hasta ahora 7 de cada 10 abortos se realizaban en centros privados).

 

Objeción de conciencia de los médicos

Si los médicos de los hospitales públicos se niegan a realizar un aborto, la nueva ley establece que se tiene que derivar a la mujer que quiere abortar a un centro concertado para realizarle esa intervención.

 

Eliminación del período de reflexión para abortar

Si antes se establecían tres días para que la mujer se replanteara si quería abortar o no, ahora este requisito se elimina, al igual que desaparece el sobre informativo con ofertas de ayudas a la maternidad que se ofrecían a las mujeres que no veían salida económica a su situación de embarazo.

 

Reparto gratuito de productos de higiene femenina.

La ministra Montero ha destacado la importancia de esta reforma que incluye, además, el reparto gratuito de productos de higiene femenina en centros penitenciarios, escuelas o centros de servicios sociales. "Es una medida clave para combatir la pobreza menstrual", ha indicado la ministra quien ha destacado también la importancia de que la menstruación "esté presente en el debate público y deje de ser un tabú, un estigma".

 

Píldora del día después gratuita

Los centros de salud podrán distribuir la píldora del día después de forma completamente gratuita.

 

Reparto gratuito de anticonceptivos

Se repartirán de manera gratuita métodos anticonceptivos en centros educativos vinculados a campañas sobre educación sexual, y en centros penitenciarios. Las píldoras anticonceptivas de última generación estarán cubiertas por la Seguridad Social. También se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva, junto a una línea de atención telefónica, poniendo el foco en la responsabilidad de ambos sexos respecto a los métodos de anticoncepción existentes.

 

Embarazo y parto respetado

La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo pretende articular la responsabilidad del Estado frente a diferentes formas de violencia en el ámbito gineco-obstétrico. Por ello, se refuerza la obligación del personal sanitario de actuar en los principios del parto respetado, lo que incluye el consentimiento informado de las mujeres ante intervenciones invasivas (como los tratamientos sin analgesia o las episiotomías, que dañan el suelo pélvico) y la eliminación de separaciones innecesarias de los recién nacidos con su madre.

 

Asistencia especializada y formación

La ley establece servicios públicos de asistencia integral especializada en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, que contarán con equipos interdisciplinares y servicios adaptados a las necesidades y demandas de los adolescentes. Además, se creará una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos, que prestará información sobre el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los recursos existentes y el itinerario de prestación en los servicios públicos.

 

Anticoncepción masculina

Se promoverá la investigación y el desarrollo de métodos de anticoncepción masculina para fomentar la corresponsabilidad de los hombres.

 

Baja menstrual 

Como parte del reconocimiento de la salud menstrual como estándar de salud, se contempla el derecho a la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes (menstruaciones incapacitantes secundarias), vinculadas, por ejemplo, a trastornos como la endometriosis  que padecen numerosas mujeres, impidiéndoles trabajar con normalidad.

 

El proyecto de reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (conocida como Ley del Aborto),  ha dado un paso más para su aprobación. Del Consejo de Ministros pasará a ser remitida al Congreso, y de ahí pasará al Senado donde los grupos parlamentarios deberán debatirla. El objetivo del Ejecutivo es que esté aprobada definitivamente antes de que acabe la legislatura. 

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