Sanidad recibe cerca de 400 alegaciones al anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios

El anteproyecto de Ley del Medicamento y Productos Sanitarios ha recibido cerca de 400 alegaciones tras finalizar su fase de audiencia pública, aunque desde Sanidad matizan que muchas de estas solicitudes están repetidas, ya que los diferentes agentes implicados han coincidido en sus propuestas.

Entre estas alegaciones se encuentran las del Consejo General de Médicos (CGCOM), que ha presentado al Ministerio de Sanidad una serie de propuestas centrándose en el tema de la prescripción. Así, el CGCOM señala que "esta ley debería versar sobre los medicamentos y productos sanitarios y no sobre la prescripción médica", ya que considera que "se introducen modificaciones cruciales en las competencias de las diferentes profesiones sanitarias que se alejan de los objetivos marcados".

Por ello, desde el CGCOM aseguran que el actual anteproyecto "no solo no mejorarían el bienestar de los pacientes, sino que pondrían en riesgo su seguridad clínica". De este modo, indican que la prescripción médica "no es un acto administrativo" y, a su juicio, este anteproyecto "introduce confusión entre quién prescribe, suministra, dispensa, indica o autoriza un medicamento y diluye la responsabilidad de que se asigne de manera clara a cada profesional".

En esta línea también se había expresado la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), que rechaza arrogar la potestad de recetar medicamentos a otros profesionales, defendiendo que el diagnóstico y la prescripción son ámbitos exclusivos de la profesión médica. Semergen instaba "no suplantar" estas funciones, criticando también la ampliación de las capacidades de sustitución de medicamentos por parte de los farmacéuticos.

El Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), federado en CSIT Unión Profesional, también pide en sus alegaciones preservar la prescripción médica como competencia "específica y propia" del personal médico. Asimismo, propone condicionar cualquier futura habilitación a la prescripción no médica a un "desarrollo normativo específico", que detalle los requisitos formativos, protocolos y límites competenciales, "evitando así ambigüedades e inseguridad jurídica". Además, SIME pide establecer mecanismos de evaluación y supervisión periódica del uso de medicamentos por personal no médico, con la implicación de comisiones de farmacoterapia multidisciplinares.

Por otra parte, la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC) solicita la revisión del sistema de fijación de precios propuesta, así como la revisión del sistema de deducciones vigente. También pide reservar al farmacéutico la capacidad de sustitución en la dispensación, "como profesional sanitario acreditado en lugar de en el ciudadano".

Alegaciones de la industria farmacéutica 

El punto de discordia de esta ley para la industria farmacéutica está en el artículo 116, que explica el sistema de precios seleccionados que Sanidad propone introducir para financiar fármacos con fondos públicos. Este era uno de los puntos que más expectativas había despertado entre el sector, aunque la fórmula que propone el Ministerio ha contado con el rechazo frontal de la industria. Las patronales de la industria farmacéutica ya mostraron su rechazo y su intención de presentar alegaciones. La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) ha detallado la alternativa que plantean a este sistema, un sistema de precios dinámicos que modifique los precios de los medicamentos en función de la penetración de mercado, algo que apoyan desde la patronal de los biosimilares, Biosim.

Esta patronal también ha explicitado las razones de su rechazo al sistema propuesto por Sanidad, del que solicita su eliminación. “Este sistema puede suponer que un mismo producto se encuentre en situaciones de financiación distintas cada seis meses, lo que afectará lógicamente al consumo del medicamento y, por lo tanto, a la previsión de fabricación”, apuntan desde Biosim. En este sentido, recuerdan que los biosimilares, al ser medicamentos biológicos, requieren de “largos procesos de producción”, por lo que reclaman dar mayor predictibilidad al sector a través de esta regulación.

No debemos olvidar que los medicamentos biosimilares, al tratarse de medicamentos biotecnológicos, requieren largos procesos de producción 
BioSim ha solicitado, además, la eliminación del artículo 116 sobre el Sistema de Precios Seleccionados, al considerar que “El actual redactado supone un escenario poco predecible y volátil que podría desembocar en problemas de suministro.  

 

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