Sanidad llevará al Interterritorial un nuevo manual para agilizar la eutanasia que obligará a registrar a los médicos objetores

El Ministerio de Sanidad llevará al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), previsto para el 9 de abril, un nuevo Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia que introduce cambios para agilizar el procedimiento y clarificar el ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

Entre las principales novedades del borrador destaca la obligación de que los médicos que quieran acogerse a la objeción de conciencia se inscriban previamente en el registro de objetores, con el objetivo de evitar situaciones de “objeción presunta” y facilitar la organización del sistema sanitario. Según ha adelantado el diario El Mundo, que ha tenido acceso al documento, esta medida forma parte de los cambios que el Ministerio planteará a las comunidades autónomas en el próximo Interterritorial.

El documento, que sustituirá al manual aprobado en 2021, es fruto de más de dos años de trabajo entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y las comisiones de Garantía y Evaluación de la eutanasia. Su objetivo es armonizar la práctica de la prestación de ayuda para morir en todo el territorio nacional y reducir las demoras en la aplicación de la ley.

De acuerdo con el borrador adelantado por el diario, los profesionales sanitarios que deseen ejercer su derecho a la objeción de conciencia deberán manifestarlo de forma anticipada e inscribirse en el registro correspondiente. La medida busca clarificar un aspecto que, según fuentes técnicas que han participado en la elaboración del documento, generaba dificultades organizativas en algunos territorios.

El manual también establece que el médico objetor deberá informar al paciente sobre el procedimiento y las condiciones de acceso a la prestación, así como comunicar de forma explícita su condición de objetor. Además, tendrá que registrar la primera solicitud de eutanasia y derivarla a su superior para que el sistema sanitario pueda designar a otro médico responsable.

El registro de objetores ya está contemplado en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), que establece que el rechazo a participar en esta prestación debe manifestarse por escrito y con carácter previo. Sin embargo, el nuevo manual pretende reforzar este mecanismo para facilitar la gestión de la prestación y garantizar el cumplimiento de los plazos previstos en la ley.

Más peso para Enfermería

El borrador también introduce cambios en la organización del proceso asistencial, entre ellos un mayor reconocimiento del papel de la Enfermería en la prestación de ayuda para morir. El documento incorpora a estos profesionales como parte del equipo asistencial de referencia y contempla que puedan recibir la primera solicitud protocolizada del paciente, que posteriormente deberá trasladarse al médico responsable.

Asimismo, el personal de Enfermería podrá participar en el proceso deliberativo con el paciente como figura de apoyo, aunque el liderazgo del procedimiento y las decisiones clínicas seguirán correspondiendo al médico responsable, tal y como establece la legislación vigente. Según fuentes técnicas que han participado en la elaboración del documento, este cambio responde en parte a la realidad que se está observando en algunas comunidades autónomas, donde existen dificultades para encontrar médicos que asuman casos de eutanasia, mientras que entre los profesionales de Enfermería el número de objetores es menor.

Posibilidad de acortar los plazos

Otra de las novedades del manual es la posibilidad de acortar el periodo de deliberación entre las solicitudes de eutanasia, actualmente fijado en quince días, cuando la situación clínica del paciente lo justifique. Esta flexibilidad pretende evitar que algunos pacientes fallezcan durante el proceso administrativo.

De acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad, en alrededor de un 33% de las solicitudes de eutanasia existe riesgo de fallecimiento inminente, lo que ha llevado a plantear mecanismos que permitan adaptar los tiempos del procedimiento a la situación clínica del paciente.

El documento también prevé la creación en cada comunidad autónoma de Unidades Técnicas de Apoyo a la Prestación de Ayuda a Morir, destinadas a facilitar la gestión administrativa del proceso y a apoyar a profesionales sanitarios, pacientes y comisiones de garantía.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el nuevo manual busca clarificar el procedimiento y reducir retrasos en la aplicación de la ley. Un manual que quiere contribuir a que "el proceso sea más ágil en algunos puntos en los que antes se estaba alargando innecesariamente. Lo hace aclarando mejor cada fase, evitando interpretaciones distintas entre los diferentes territorios y definiendo con más precisión aquellos circuitos que se establecieron, reforzando apoyos administrativos y reforzando el papel de algunos profesionales. O sea, ofreciendo más certidumbre y menos demoras evitables”, ha señalado.

El Ministerio espera que el nuevo manual contribuya a unificar criterios entre comunidades autónomas y mejorar el acceso a la prestación de ayuda para morir en todo el territorio nacional, una cuestión que se debatirá con los consejeros de Sanidad en la reunión del CISNS del próximo 9 de abril.

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