
Por Medicina Responsable
27 de marzo de 2026La eutanasia de Noelia, la joven barcelonesa de 25 años con paraplejia que llevaba casi dos años esperando la resolución judicial a su solicitud de muerte asistida, ha provocado una oleada de reacciones políticas y sanitarias que reabren el debate sobre la ley de eutanasia, la atención a la salud mental y la capacidad del sistema público para proteger a las personas más vulnerables.
Noelia recibió este jueves por la tarde la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes (Barcelona), tras un largo proceso judicial marcado por los recursos presentados por su padre, representado por Abogados Cristianos, que llevaron el caso a varias instancias judiciales antes de que se autorizara definitivamente la prestación.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado una “reflexión profunda” tras conocerse el desenlace del caso y ha sostenido que las instituciones que debían proteger a la joven “le fallaron”. En un mensaje publicado en la red social X, Feijóo ha explicado que había preferido no pronunciarse antes porque el asunto “merece más que la ligereza de estas horas y la brevedad con la que mañana nos fijaremos en otra cosa”.
A su juicio, las instituciones fallaron a Noelia “desde la infancia y de una manera tan desgarradora que le debemos perdón y algo más que palabras”. El dirigente popular ha añadido que se niega a pensar que el sistema público no dispusiera de herramientas para ofrecerle “los cuidados y la esperanza que necesitaba”. “Los hay, pero no funcionaron”, ha afirmado, antes de concluir que “una sociedad justa no mide su progreso por cuántas muertes permite, sino por cuánta vida cuida hasta el final”.
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha señalado que “el Estado falló a Noelia”. La dirigente popular ha calificado la historia de la joven como “un absoluto drama” y ha defendido que la sociedad debe “replantearse cómo puede fallar a alguien tan joven de esta manera”.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que el caso evidencia que “el sistema ha fracasado” y ha defendido la necesidad de revisarlo, especialmente en lo que respecta a la atención a la salud mental.
En una entrevista en Es Radio, Moreno ha sostenido que existe la sensación de que el sistema ha fallado en ámbitos clave como el acompañamiento psicológico, el apoyo social o la coordinación entre administraciones. A su juicio, el caso pone de relieve la necesidad de analizar “qué procedimientos tiene la administración para ayudar a las personas que tienen problemas”.
El dirigente andaluz ha subrayado además que la salud mental se ha convertido en “uno de los retos más poderosos” para las administraciones públicas, especialmente entre los jóvenes. Según ha explicado, desde la pandemia de la Covid-19 se ha observado un aumento de patologías mentales entre adolescentes, asociado en parte al aislamiento social y a la presión generada por las redes sociales.
También la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha señalado que el caso supone “un fracaso como sociedad” y ha considerado que pone de manifiesto “las costuras de un sistema que no ha sabido proteger” a la joven.
Matute ha recordado que la base del problema de Noelia era “una enfermedad mental grave, un trastorno límite de la personalidad”, y ha insistido en la necesidad de reforzar la coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales para atender a personas con situaciones de vulnerabilidad. “Es nuestra responsabilidad revisarlo para que no vuelva a ocurrir y para cuidar lo más precioso que tenemos, que es la vida, y que sea una vida de calidad”, ha afirmado antes de participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Frente a estas críticas, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la legitimidad del derecho a decidir sobre la propia vida y la propia muerte que reconoce la ley de eutanasia.
En una entrevista en La Ventana de Madrid, la ministra ha recordado que España cuenta con una legislación que permite la muerte asistida y que esta norma se aprobó con un amplio respaldo social. Según ha señalado, quienes cuestionan la decisión de Noelia confunden “los trastornos emocionales con los trastornos físicos y con la legitimidad que tiene cualquier ciudadano de este país a decidir sobre su propia vida y su propia muerte”. García ha recordado además que ya antes de la aprobación de la ley existía un amplio apoyo social a la eutanasia. “El CIS en 2007 ya decía que un 70% de la población apoyaba la ley”, ha subrayado.
Por otro lado, la ministra de Sanidad ha señalado que están abiertos a estudiar la petición que el Parlament de Cataluña llevará al Congreso de los Diputados para reformar la Ley de la Eutanasia y acortar los plazos previstos ante posibles recursos judiciales. "Por supuesto que la vamos a estudiar, y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos", ha señalado García en declaraciones a los periodistas antes del inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Asimismo, García ha querido "dejar claro" que la actual Ley de la eutanasia es "garantista" y quienes han solicitado acogerse a ella han podido ejercer su derecho. "Creo que la Ley de Eutanasia es muy demandada por la sociedad. Es una ley que es muy garantista y que en la mayoría de los casos, sin la interposición de Abogados Cristianos, la gente que ha solicitado ampararse en la ley ha podido ejercer su derecho", ha finalizado.
La historia de Noelia había generado una fuerte atención mediática en los últimos meses debido a la batalla judicial que rodeó su solicitud de eutanasia.
La joven, que sufría una paraplejia irreversible tras haber intentado suicidarse arrojándose desde un quinto piso, había solicitado la muerte asistida hace casi dos años. Su caso llegó a cinco instancias judiciales después de que su padre recurriera la decisión con el apoyo de la organización Abogados Cristianos.
Finalmente, los tribunales avalaron su derecho a recibir la eutanasia conforme a la legislación vigente.