Por Juan García
9 de febrero de 2024El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha saldado con el compromiso de Sanidad, tal y como reclamaban las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, de reevaluar las condiciones de acreditación de las unidades docentes de Atención Primaria (AP). Así buscan aumentar el número de plazas en esta especialidad para hacer frente al déficit de profesionales que acusan estas comunidades. La ministra de Sanidad también ha anunciado el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios y la creación de una comisión permanente de AP.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado el compromiso de “revisar los programas formativos y evaluar la tutorización” de los MIR que realicen su residencia en el ámbito de la medicina familiar y comunitaria, para facilitar un aumento del número de plazas disponibles. Esto, asegura, “no implicará una reducción de los estándares de calidad formativa” ya que van a “salvaguardar criterios comunes para garantizar una formación de calidad”.
Algunos consejeros de Sanidad populares mostraban su satisfacción por haber arrancado este compromiso al Ministerio. A este respecto, la ministra ha señalado que la próxima semana pondrán en marcha una mesa de trabajo para analizar esta cuestión. Por su parte, el consejero de Aragón, José Luis Bancalero, ha explicado que, de aplicarse esta medida, los centros de atención primaria no necesitarán tener un determinado número de tutores para formar especialistas en medicina familiar y comunitaria, sino que todos los facultativos de esta especialidad participarán en la formación de los nuevos especialistas.
La ministra ha mostrado su acuerdo con las comunidades respecto a la falta de profesionales, aunque ha matizado que, a su juicio, el verdadero problema está en la falta de capacidad de retención de los residentes. “Igual que no sirve hacer fuego si está lloviendo, tampoco sirve generar más profesionales cuando se están fugando”.
Para ilustrarlo, ha señalado que “un 9% de los residentes se marcha antes de finalizar su formación y entre un 30 y un 90% (dependiendo de la comunidad), lo hace en cuanto termina su residencia”.
Por ello, Mónica García, ha señalado el compromiso conjunto del Ministerio con las comunidades de mejorar las condiciones laborales de los profesionales a nivel competencial, de carga de trabajo y buscando una desburocratización. En este sentido ha indicado el ejemplo de las regiones que ofrecen contratos fijos, por más de dos años o interinidades como una posible fórmula para hacer más atractiva la elección de esta especialidad. Un ejemplo que apuesta por extender al resto de comunidades autónomas.
“Ver 60 pacientes al día es una trituradora de vocaciones”, ha declarado, en referencia a las condiciones laborales de los médicos de AP. En este sentido señala el tiempo como requisito indispensable para la mejora de esta situación tanto para que “el paciente reciba una cita en menos de 48 horas como para que el médico pueda pasar consulta con detenimiento”.
La “excepcional” situación de los MIR que comenzaron su residencia en 2020 con un retraso de tres meses debido a la pandemia, ha llevado al ministerio a comprometerse a velar por el cumplimiento íntegro de su proceso formativo. Esta promoción comenzó en septiembre en lugar de en junio, por lo que finalizarán este verano. El menor número de médicos que hay en época estival no impedirá, según ha explicado la ministra, que se complete el proceso formativo ya que, “en el plan formativo, está contemplado que los residentes pueden hacerse cargo de las consultas con autonomía y adquirir roles independientes de la tutorización”. “No vamos a acortar los plazos, los residentes de medicina familiar van a terminar su formación en tiempo y forma”, concluye Mónica García.