La sanidad afronta una huelga médica indefinida tras el impacto millonario de los paros anteriores

Las cinco semanas de huelga médica celebradas entre febrero y junio de este mismo año bastaron para dejar más de dos millones de actos sanitarios suspendidos solo en algunas comunidades autónomas, cientos de millones de euros de impacto y aumentos de hasta 22 días en la demora quirúrgica. El próximo 28 de octubre, los facultativos de toda España darán un paso aún mayor: una huelga indefinida con fecha de inicio, pero no de finalización.

Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), sindicato que convoca la movilización junto a la Unión Médica y Facultativa (UMYF), resume así el cambio de escenario: “Es un paro permanente indefinido, no es una huelga más, es el máximo nivel de confrontación sindical que se puede plantear”.

Esta nueva situación abre la incógnita sobre el impacto que podría tener en un sistema que todavía arrastra las consecuencias de las protestas anteriores.

Los datos recopilados por las propias comunidades autónomas permiten hacerse una idea de la dimensión que alcanzó el conflicto antes del verano. Aunque no existe un balance nacional homogéneo y cada consejería ha contabilizado periodos y conceptos diferentes, la suma de los datos disponibles en Andalucía, Madrid, Galicia, Cantabria, Aragón, Baleares, Castilla y León y La Rioja supera los 2,2 millones de actos asistenciales suspendidos. Una cifra parcial, ya que no incluye a las comunidades de las que no se dispone de un balance acumulado comparable. De hecho, los sindicatos hablan de más de tres millones de pacientes afectados en todo el territorio nacional.

Miguel Lázaro reconoce las consecuencias para los pacientes. “Los días de huelga es un sentimiento agridulce, sé que a los pacientes se les está perjudicando. Esto lo tengo clarísimo”, admite. Aun así, Lázaro defiende que “una huelga indefinida no se convoca para demostrar contundencia unos días, se convoca para poder cambiar las cosas”. El presidente de CESM atribuye la escalada del conflicto al fracaso de las estrategias anteriores y a la falta de negociación con el Ejecutivo. “El Gobierno ha tenido y tiene la posibilidad de evitar la huelga”, sostiene.

Más de 173 millones de euros, solo en Andalucía

El impacto de las movilizaciones de los primeros meses del año no se quedó en las consultas, pruebas u operaciones que no pudieron realizarse. Algunas comunidades pusieron precio a los paros y otras comenzaron a constatar sus consecuencias sobre las listas de espera.

Andalucía es una de las comunidades que más claramente ha puesto precio al impacto de las movilizaciones. Hasta junio, la Junta contabilizaba más de 1,3 millones de actos sanitarios suspendidos y un impacto económico superior a los 173 millones de euros. 

El ritmo de las sucesivas convocatorias llevó a la Junta a calcular que cada jornada de paro suponía la suspensión de más de 60.000 consultas, pruebas o intervenciones. Una cifra que adquiere otra dimensión ante una jornada de huelga prolongada en el tiempo.

Madrid también realizó un seguimiento económico de las movilizaciones. El balance posterior a las últimas jornadas elevó a 236.259 las consultas suspendidas, 25.497 las pruebas y 11.484 las operaciones, con un impacto económico superior a los 18 millones de euros.

Cuando las suspensiones engrosan las listas de espera

Las consecuencias de una jornada de huelga se prolongan más allá del propio paro. La actividad suspendida tiene que volver a programarse mientras los hospitales continúan atendiendo a nuevos pacientes, lo que puede acabar trasladando el impacto a las listas de espera.

Este efecto se aprecia especialmente en Euskadi. Durante los primeros meses del conflicto, la espera media para someterse a una intervención quirúrgica en Osakidetza pasó de 56 a 78 días, 22 jornadas más que antes del inicio de los paros. En este contexto, Osakidetza ofreció a pacientes con mayores demoras la posibilidad de operarse en centros concertados y, a mediados de junio, alrededor de 2.500 habían aceptado esta opción

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ya había advertido meses antes de las consecuencias que podía tener la continuidad del conflicto. Cuando todavía se planteaba una semana de huelga al mes, aseguró haber trasladado al Ministerio de Sanidad que la situación ponía en riesgo la “viabilidad de los propios sistemas sanitarios”.

También Aragón cuantificó la traducción de los paros a las listas quirúrgicas. Antes del verano acumulaba 71.501 consultas, cerca de 13.000 pruebas diagnósticas y 4.376 intervenciones suspendidas. La Consejería calculaba entonces que cada semana de huelga añadía alrededor de 800 pacientes a las listas de espera quirúrgica.

En La Rioja, el Gobierno regional había contabilizado ya a comienzos de mayo alrededor de 30.000 consultas, 1.200 pruebas y 800 cirugías suspendidas, con un impacto económico superior a nueve millones de euros. Las movilizaciones habían supuesto además 20 días adicionales de demora quirúrgica.

De una semana de huelga a un paro sin fecha de finalización

El salto que se plantea ahora es sustancial. Hasta el verano, las convocatorias tenían una duración delimitada. Una huelga indefinida introduce una variable distinta: no saber durante cuánto tiempo seguirá acumulándose actividad suspendida ni cuándo podrá comenzar a recuperarse.

Algunos responsables autonómicos llevan meses alertando de este escenario. Uno de los más contundentes ha sido el consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, que tras las movilizaciones celebradas durante el primer semestre, calculó que la comunidad había perdido alrededor de 160.000 operaciones, consultas y pruebas.

Ante la posibilidad de un paro indefinido, Pascual advirtió de que el Sistema Nacional de Salud podría entrar en “caos” y aseguró que una movilización de estas características podría “poner en quiebra el Sistema Nacional de Salud”.

En esta misma línea, el conselleiro de Sanidade de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado que una huelga indefinida “será una debacle” y ha advertido del “daño irreparable” que podría provocar sobre las listas de espera. De hecho, al terminar las movilizaciones de junio, el Sergas acumulaba alrededor de 270.000 actos asistenciales suspendidos desde el inicio del conflicto.

La principal incógnita ante octubre no es únicamente cuántos actos asistenciales podrían dejar de realizarse cada día, sino durante cuánto tiempo podría el sistema asumir su acumulación. Porque una consulta, una prueba o una intervención suspendida tendrá que volver a encontrar espacio en unas agendas a las que, mientras dure el conflicto, seguirán llegando nuevos pacientes.

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