Por Medicina Responsable
3 de octubre de 2025La consejera de Salud y Consumo de Andalucía, Rocío Hernández, ha descartado dimitir por los "errores de comunicación" en el caso de pacientes que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama. La denuncia de medio centenar de pacientes a través de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (AMAMA), que acusaban retrasos en sus diagnósticos de hasta dos años, ha llevado a la Junta de Andalucía a pedir disculpas y tratar de enmendarlo contactando a las pacientes susceptibles de no haber sido informadas correctamente sobre la necesidad de pruebas adicionales.
A este respecto, Hernández ha defendido que su “responsabilidad va más allá" y pasa por que el sistema sanitario público de Andalucía "vaya mejorando". "En este caso, mi responsabilidad es que a estas mujeres se les informe, se les haga la prueba en el tiempo en el que el radiólogo considera que se le debe hacer e ir mejorando el programa de cribado”. Por ello, frente a las peticiones de dimisión que han trasladado desde la oposición, ha señalado que hacerlo sería a su juicio una “falta de responsabilidad por mi parte y sería lo fácil".
Después de que este pasado jueves la Consejería de Salud informara de que las 2.000 mujeres con pruebas no concluyentes del cribado de cáncer de mama serán llamadas "una por una", Rocío Hernández ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" porque, según ha recalcado, "no hay 2.000 mujeres afectadas de cáncer que no hayan sido atendidas" sino en una "situación intermedia" por contar con lesiones dudosas que, en principio, no revisten gravedad pero que deben hacerse un seguimiento fuera del cribado bajo criterio médico.
Algunas de estas mujeres en esa fase intermedia "no han sido informadas" sobre "cuál es la situación", ha reconocido, pero ha garantizado que "no es que estuvieran desatendidas o que haya habido retrasos", sino que "seguían todo el proceso" y lo que ha pasado es que "no se les estaba informado" de que "cuál era la situación" y ahora "se está incorporando ese mensaje para estos casos dudosos" de modo que, si tienen "una mamografía dentro de seis meses o un año, lo van a saber".
La consejera ha incidido en que el 98% de estos casos que necesitan una segunda prueba diagnóstica terminan siendo diagnosticados como benignos y "no tienen cáncer". Algunas de ellas ya han sido informadas, pero la Consejería volverá a llamar "a todas" para informarles.
Ante el revuelo generado por la noticia, muchas voces y asociaciones han exigido responsabilidades y medidas concretas para paliar la situación. Desde la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) han trasladado su “solidaridad y apoyo” a las mujeres afectadas y reclaman una respuesta por parte de la administración “empática, rápida y eficaz, con medidas inmediatas que garanticen la seguridad, la tranquilidad y el derecho a una atención sanitaria de calidad de todas las mujeres”.
Por su parte, Facua Andalucía ha reclamado a la Junta de Andalucía que aclare "si los fallos y falta de información" se han detectado "únicamente" en el programa de detección del cáncer de mama o si estos errores se han podido producir también en otros programas de prevención o pruebas diagnósticas relacionadas con otros tipos de cáncer. En este contexto, la federación ha calificado lo ocurrido como "el mayor escándalo" de la sanidad pública andaluza "de toda la democracia".