Por qué los podólogos siguen fuera de nuestros centros de salud: la gran asignatura pendiente de la sanidad pública

Nuestros pies nos sostienen durante toda la vida, pero en la sanidad pública parecen ser los grandes olvidados. Si una persona tiene un problema del corazón, acude al cardiólogo en el hospital público; si nota pérdida de visión, va al oftalmólogo de la Seguridad Social. Sin embargo, si alguien siente un dolor agudo al caminar, una deformidad severa o una uña encarnada, la solución es acudir a una clínica privada y pagar la consulta de su propio bolsillo.

Esta barrera económica ha convertido a la podología en una especie de "servicio de pago obligatorio" en nuestro país. La mayoría de estos profesionales ejerce de manera exclusiva en el sector privado. "Nos formamos en universidades públicas, nos titulamos con 240 créditos durante cuatro años y, sin embargo, el ejercicio profesional lo ejercemos de manera privada prácticamente en su totalidad. En el Sistema Nacional de Salud nuestra presencia es testimonial", explica Elena Carrascosa, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España (CGCOP).

Lo llamativo es que esta exclusión no ocurre por falta de preparación ni de atribuciones legales. España cuenta con una formación universitaria en Podología referente a nivel mundial. Según recoge la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, los podólogos son profesionales sanitarios con capacidad plena para diagnosticar, solicitar pruebas de radiodiagnóstico (como radiografías o ecografías), prescribir los medicamentos necesarios para tratar la patología del pie y realizar cirugías en consulta o quirófano. Pese a estar legalmente facultados para tratar al paciente de principio a fin, las puertas de los centros de salud continúan cerradas para ellos.

Un limbo de más de 20 años

Para comprender el origen de este atasco asistencial hay que remontarse al año 2003, cuando la ley estatal reconoció la plena autonomía de los podólogos. Años más tarde, en 2021, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley para incorporar de forma urgente la Podología en la Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, la decisión parlamentaria continúa paralizada sin una dotación presupuestaria ni una hoja de ruta obligatoria.

La causa principal estriba en la falta de una directriz común dictada desde el Ministerio de Sanidad. "Hemos mantenido reuniones con la Dirección General de Cartera Común de Servicios, con Ordenación Profesional o con Secretarías de Estado. Nos van indicando vías de entrada, pero al estar la sanidad descentralizada, nos remiten a las consejerías autonómicas. El problema es que al no haber un marco estatal común que obligue a implantar la podología de la misma forma en las 17 comunidades autónomas, cada región actúa a su criterio".

Esta falta de un criterio unificado genera una notable disparidad entre territorios. "En muchas comunidades autónomas ni siquiera está creada la categoría profesional de podólogo en la sanidad pública, que es el requisito administrativo indispensable para poder contratar. En otras, como Castilla-La Mancha, la categoría sí se creó, pero no se ha dotado con plazas reales. Existe una bolsa de trabajo baremada con podólogos en espera, pero no se llegan a realizar contrataciones. En Andalucía sí hay profesionales incorporados, pero contar con un solo podólogo por provincia para toda la red es una situación del todo precaria".

A este escenario se añade el desgaste provocado por los cambios en las administraciones: "Los interlocutores cambian con frecuencia en los ministerios y las consejerías. Aunque disponemos de un trabajo técnico muy sólido y de dosieres de investigación que nos sirven de base permanente, resulta fatigoso tener que justificar de forma continuada ante cada nuevo equipo por qué nuestra disciplina debe estar en la sanidad pública".

Desconocimiento en los pacientes y profesionales

Uno de los aspectos más reveladores transmitidos por la presidenta del Consejo General es que la barrera no solo es administrativa, sino que existe una falta de información dentro de la propia comunidad sanitaria. "Hay un gran desconocimiento de lo que hace un podólogo, no solo por parte del paciente, sino por parte de los propios compañeros médicos y profesionales sanitarios", señala Elena Carrascosa.

"Nos encontramos con médicos que desconocen que podemos diagnosticar, que recibimos directamente a los pacientes, que prescribimos todo tipo de medicamentos para patologías del pie, que ponemos anestesia, que infiltraciones o que realizamos intervenciones quirúrgicas. Como no lo saben, no nos derivan al paciente ni le orientan adecuadamente", advierte la representante institucional de la profesión.

El laberinto asistencial

Cuando una persona en situación de vulnerabilidad económica padece una patología grave en los pies y no puede acudir a una clínica privada, el circuito público se convierte en un laberinto. Sus únicas vías de acceso son los servicios de Urgencias o la consulta de su médico de familia. Al no disponer de un podólogo en el centro de salud, el enfermo acaba siendo derivado a especialidades hospitalarias como Traumatología o Dermatología, saturando aún más sus listas de espera.

"Hay afecciones de fácil resolución en una consulta de podología, como una uña encarnada. Sin embargo, en el sistema público no está definido a quién remitir: en unos centros se envía a Traumatología y en otros a Cirugía General. Mientras el paciente da vueltas por el sistema solicitando asistencia, es habitual que se le prescriban sucesivas tandas de antibióticos para intentar solucionar un proceso que tiene una respuesta mecánica o quirúrgica directa. Se están utilizando antibióticos en problemas que un podólogo resolvería con rapidez y de forma definitiva".

Pie diabético: salvar extremidades y reducir costes con el modelo 'Toe and Flow'

El ámbito donde la ausencia de podólogos en los hospitales públicos alcanza mayor trascendencia humana y económica es en el tratamiento del pie diabético. La diabetes reduce el riego sanguíneo y la sensibilidad en los miembros inferiores, provocando que una rozadura o una dureza no tratada progrese hacia una úlcera profunda. La evidencia científica refleja que el 85% de las amputaciones en pacientes con diabetes van precedidas de una úlcera no cicatrizada a tiempo.

Diversas publicaciones e informes de sociedades científicas constatan que la incorporación del podólogo en los equipos hospitalarios permitiría reducir entre un 70% y un 85% las amputaciones de piernas y pies en personas con diabetes. "La clave radica en la prevención. Por cada euro que invertimos en prevenir, el sistema debe desembolsar diez euros en cicatrizar una herida o abordar una amputación. Una amputación no solo implica el coste directo de la operación o las curas; supone bajas laborales prolongadas, incapacidades permanentes, un grave impacto psicológico y un riesgo muy elevado de reulceración o de perder la extremidad contralateral", advierte Elena Carrascosa.

Para atajar esta situación, el colectivo reclama implantar en la red pública de forma generalizada el modelo asistencial multidisciplinar conocido como Toe and Flow ('dedo y flujo'). Este esquema coordina el trabajo de Cirugía Vascular (encargada de restablecer el flujo de sangre cuando las arterias están obstruidas) y de Podología (orientada a descargar las presiones del pie, efectuar las curas especializadas, diseñar soporte plantar o pautar calzado terapéutico). Centros hospitalarios madrileños como el Ramón y Cajal o el Hospital Universitario de Alcorcón ya aplican esta metodología de trabajo en sus unidades.

Los datos de la profesión concluyen que la integración de la podología en el Sistema Nacional de Salud no representa un gasto adicional, sino una inversión eficiente que descongestionaría las consultas de Atención Primaria, reduciría el gasto farmacológico e intervencionista, y evitaría complicaciones médicas en miles de ciudadanos. 

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