Pedro Sánchez llama la atención a cuatro autonomías por no crear el registro de objetores al aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un requerimiento formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid instándoles a crear y regular el Registro de Objetores de Conciencia en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo. De acuerdo con Moncloa, estas cuatro comunidades autónomas aún no han cumplido con la obligación legal, vigente desde 2023, de establecer esta herramienta, concebida para garantizar que el derecho al aborto pueda ejercerse de forma efectiva en la sanidad pública.

El Gobierno les ha concedido un plazo de tres meses desde la recepción del requerimiento. En caso de que no lo hagan, “se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”, según fuentes de la Moncloa.

La Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023, establece la obligatoriedad de este registro autonómico, que debe recoger al personal sanitario que se declare objetor de conciencia. El protocolo fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024 y es de obligado cumplimiento.

El Gobierno insiste en que la objeción de conciencia es un derecho individual que debe ser respetado, pero no puede convertirse “en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”. La creación del registro, según el ejecutivo, permite a los servicios de salud organizarse y garantizar que haya profesionales disponibles para practicar abortos, incluso en zonas donde la mayoría del personal pueda declararse objetor.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que algunas comunidades autónomas “incumplen sistemáticamente” tanto con el registro de objetores como con los requisitos legales que garantizan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. “Esa es la dura realidad: no se está cumpliendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y hay muchas mujeres que tienen dificultades”, ha afirmado este lunes en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Aunque no ha confirmado directamente las comunidades requeridas, Redondo ha mencionado el caso de Madrid, donde “el 95% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen en la sanidad privada”, y ha citado también la situación de Castilla y León, con porcentajes similares. La ministra ha insistido en la necesidad de “homologar el derecho para permitir que todas las mujeres puedan ejercerlo con libertad y en condiciones de igualdad en todo el territorio español”.

Redondo ha recordado que están en juego dos derechos: el de objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios y el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. “Se trata de conciliar ambos derechos, pero sin perder la perspectiva de que las mujeres tienen que poder ejercer el suyo en condiciones legales”, ha subrayado.

Además, ha defendido que “es el momento de dar un paso más” y garantizar el derecho al aborto en la Constitución, a través del artículo 167. “Debemos conseguir que haya mayorías importantes que respeten los derechos de las mujeres, porque aquí de lo que se trata es de la libertad, la seguridad y la salud de las mujeres”, ha dicho.

Ceuta y Melilla, las únicas autonomías sin tener el derecho garantizado

No obstante, de acuerdo con la página web quieroabortar.org, financiada por los ministerios de Igualdad y Sanidad como un “espacio público seguro” para ofrecer a las mujeres el derecho a la interrupción del embarazo con “información clara”, Melilla y Ceuta, gestionadas por el propio Ministerio de Sanidad a través de Ingesa, son las únicas autonomías españolas donde no están disponibles ninguno de los dos métodos que existen para abortar, el farmacológico y el instrumental. De hecho, las mujeres que quieren ejercer ese derecho se ven obligadas a desplazarse hasta Andalucía. Los gastos del traslado, de la intervención o por su acompañante, lo cubre el sistema sanitario público.

Madrid responde: “Cumpliremos la ley, pero sin estigmatizar”

En respuesta al requerimiento del Ejecutivo, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado a este medio que está trabajando en la creación del registro y que lo implementará. No obstante, ha matizado que “en ningún caso” se va a “estigmatizar” a los profesionales que, por razones de conciencia, ideología o religión, decidan no participar en abortos. “La Comunidad de Madrid tiene en cuenta y respeta la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios y espera que cualquier Administración también lo haga”, han indicado desde la Consejería de Sanidad de Madrid.

Además, ha criticado que el Ministerio de Sanidad no haya explicado por qué en Ceuta y Melilla, territorios donde el Estado gestiona directamente la sanidad pública, no hay ningún médico que practique abortos, lo que obliga a algunas mujeres a desplazarse a Madrid.

¿Qué contempla el protocolo?

El protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial establece que cada comunidad autónoma debe habilitar un registro propio donde figuren los profesionales que intervienen directamente en los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo: ginecólogos, anestesistas, médicos de atención primaria, enfermeras y matronas. Se contempla la objeción total o parcial, en función de los supuestos recogidos en la ley.

La medida busca garantizar que la objeción de conciencia individual no impida la prestación efectiva de un derecho reconocido legalmente a todas las mujeres.

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