
Por Medicina Responsable
17 de julio de 2026Este 17 de julio finaliza el plazo para que las comunidades autónomas envíen al Ministerio de Sanidad sus aportaciones al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocado exclusivamente para tratar el conflicto por el Estatuto Marco y con una peculiaridad destacable. “Es un modelo inusual de consejo por correo electrónico”, ha destacado la consejería de País Vasco.
Y es que la administración encabezada por Alberto Martínez ha publicado su posicionamiento frente a las últimas decisiones de Sanidad en materia de las condiciones laborales del personal estatutario del SNS, alineadas con el manifiesto general firmado por todas las comunidades para desactivar el conflicto generado por la reforma.
En un comunicado ha apelado al diálogo y ha defendido una legislación que parta “del consenso, financiación y participación de todos los agentes, sin excepción”, además de reclamar "una negociación real con las comunidades autónomas y los profesionales" médicos. Además, considera que la reforma debe volver a encauzarse con "diálogo real, consenso institucional y participación de todos los agentes implicados, sin exclusión".
La posición vasca se apoya en dos documentos diferenciados. Por un lado, un decálogo de alegaciones consensuadas por las comunidades autónomas, en el que Osakidetza incorpora observaciones técnicas y organizativas para mejorar el texto desde la experiencia de gestión sanitaria. Por otro, un informe jurídico de trámite administrativo que reconoce expresamente la competencia del Ministerio de Sanidad para impulsar la reforma del Estatuto Marco por tratarse de una norma básica y valora favorablemente la oportunidad de actualizar una norma de 2003, pero advierte de que muchas materias "afectan de forma directa a la gestión autonómica" y requieren "un enfoque compatible con las necesidades de cada servicio de salud".
Entre las alegaciones presentadas por Osakidetza figuran la necesidad de financiación estatal para la nueva clasificación profesional, la revisión del reparto de funciones en los ámbitos de negociación, la simplificación de los planes de ordenación de recursos humanos y la defensa de la autonomía de las Comunidades autónomas en materia retributiva.
Asimismo, plantea la flexibilidad en incompatibilidades para cargos intermedios y la adecuación de los plazos de selección, listas de sustitución, incentivos de difícil cobertura y jornadas de guardia adaptadas, que respondan a la realidad organizativa del sistema.
El Departamento de Salud ha subrayado que Euskadi "nunca ha cuestionado la competencia del Ministerio de Sanidad" para modificar el Estatuto Marco, pero sí sostiene que la norma básica debe construirse con "un amplio acuerdo institucional, social y profesional".
En la misma línea, el Gobierno Vasco comparte con el resto de las comunidades autónomas que el texto actual "no reúne aún el consenso necesario, carece de financiación suficiente y no es viable sin unos Presupuestos Generales" y, sobre todo, insiste en que "ya no hay tiempo para sacarlo adelante", por lo que debe replantearse para dar una nueva oportunidad al diálogo con todos los agentes, sin exclusiones.
Por otro lado, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha declarado que no espera "nada" del CISNS que tendrá lugar el p´roximo 22 de julio, al entender que el ministerio "no quiere solucionar" el "problema" que tiene con los médicos.
A preguntas de los periodistas durante un acto en Santiago, el conselleiro ha asegurado que lo tiene "clarísimo" y ha destacado el "problema que tiene encima de la mesa", ante el que augura que "no va a hacer nada". Frente a esto, ha reivindicado que la Xunta "ha apostado por varias cosas" en diálogo con los representantes de los médicos, para "mejorar" condiciones laborales y económicas. "Estamos siempre a favor de mejorar el trabajo y la posibilidad de conciliación de los facultativos", ha resaltado.