Mónica García advierte a Ayuso sobre el aborto: “La ley se cumple, no hay más”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el Gobierno supervisará el cumplimiento del registro de objetores de conciencia al aborto, "con todas las herramientas jurídicas, legales, normativas y administrativas" que tenga a mano para garantizar el cumplimiento de la ley.

Así lo ha indicado durante la presentación del informe 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un documento que evalúa la evolución y situación actual de esta prestación sanitaria en el sistema público de salud. El informe revela un crecimiento sostenido en el número de abortos realizados en centros públicos, aunque persisten importantes desigualdades territoriales.

De acuerdo con García, “la presidenta de la Comunidad lo que está haciendo es una amenaza explícita a no cumplir la ley” y ha insistido en que “tenemos que garantizar el cumplimiento de la ley, y, en caso de que haya incumplimiento, vamos a poner todas las herramientas jurídicas, legales, normativas y administrativas que tengamos en nuestra mano para que no sea así".

Esta advertencia ha llegado un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enviara un requerimiento formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que, en el plazo de tres meses, regulen el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto.

García se ha dirigido a la Comunidad de Madrid advirtiendo que no solo es importante cumplir el registro de objetores, si no también garantizar la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres madrileñas en los hospitales públicos. Y es que, según el informe, en Madrid, solo el 0,5% de los abortos se hacen en la sanidad pública. Ante este dato, la ministra aconseja a la Comunidad de Madrid "copiar" las buenas prácticas que "han hecho en otras comunidades para garantizar que ese derecho se realice y se produce en nuestra red sanitaria pública".

Advertencia a Ayuso y Almeida 

Durante la presentación del informe, Mónica García ha realizado "dos avisos, dos advertencias": "Uno al señor Almeida y a todos los negacionistas, expendedores de bulos y fanáticos profesionales. No vamos a permitir coacciones ni tampoco desinformación a las mujeres. Y también a la señora Ayuso: uno muy sencillo, la ley se cumple, punto, no hay más".

"La ley en nuestro país se cumple y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para garantizarlo", añadía, respondiendo al rechazo de la presidenta madrileña al registro de objetores y a la polémica que ha rodeado en los últimos días al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien defendió informar a las mujeres que consideran abortar sobre un supuesto "síndrome postaborto".

"La última persona que se atrevió a echar un pulso a las mujeres fue el señor Alberto Ruiz-Gallardón y tuvo que hacer las maletas. Así que, que se atengan quienes quieran jugar con los derechos conquistados de las mujeres", concluía tras su exposición del informe.

Madrid, cumple la ley, pero “no es un derecho fundamental”

En el marco de un desayuno informativo con medios de comunicación, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, afirmó que está trabajando en la creación del registro y que lo implementará. No obstante, matizó que “en ningún caso” se va a “estigmatizar” a los profesionales que, por razones de conciencia, ideología o religión, decidan no participar en abortos. “La Comunidad de Madrid tiene en cuenta y respeta la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios y espera que cualquier Administración también lo haga”, indicó.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha rechazado este martes que el aborto sea un derecho fundamental. "Creemos que hay un derecho al acceso al aborto que está perfectamente establecido en nuestras normas, que se está llevando a cabo en España", ha afirmado. "Con respecto al derecho fundamental en la Constitución, la postura del Partido Popular siempre ha sido clara. Nosotros no creemos que sea un derecho fundamental", ha asegurado en una rueda de prensa en la Cámara Baja, al ser preguntada por la propuesta del Gobierno y por las críticas de Vox que acusa a los 'populares' de dar bandazos en esta cuestión.

Muñoz ha señalado que el PP defiende que "cuando una mujer quiere ser madre y se plantea no serlo por cuestiones económicas", las administraciones "tienen que hacer todo lo posible para que quien quiera ser madre pueda serlo". "El derecho al acceso al aborto lleva muchos años implantado y dentro de la ley que se puede hacer perfectamente", ha subrayado.

"Lo que tenemos muy claro en el Partido Popular es que no vamos a usar este tema para que se deje de hablar de otros como hace Vox y como hace el Partido Socialista. Eso es lo que tenemos muy claro en el Partido Popular", ha zanjado la portavoz popular.

Radiografía del aborto en España

En 2024, de acuerdo con el informe presentado por Sanidad, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en España. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados. Esta proporción representa un aumento de casi 7 puntos respecto al 14,3% registrado en 2019, lo que supone un incremento relativo del 50% en la presencia de la red pública en esta prestación.

El informe clasifica a las comunidades autónomas en tres grupos según el porcentaje de IVE realizadas en centros públicos en 2024: Por encima del 60% en centros públicos están Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%). Entre el 20% y el 60% se encuentran Cataluña (55,1%), Islas Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%). El resto de comunidades y ciudades autónomas se encuentran por debajo de ese 20%, destacando Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y una ausencia total de IVE en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla.

Si se analizan los métodos utilizados y su relación con el tipo de centro sanitario, en 2024, el método farmacológico fue predominante en las comunidades con mayor proporción de IVE en centros públicos, como Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%) y Galicia (68,1%), lo que ha favorecido su implementación en el sistema público por su menor complejidad logística, según el informe. En cambio, en comunidades donde la prestación recae mayoritariamente en centros privados, como Andalucía y Madrid, predomina el método quirúrgico, utilizado en el 86% y el 94% de los casos respectivamente.

Esta divergencia evidencia, según Sanidad, cómo el modelo de atención condiciona no solo el acceso a la prestación, sino también el tipo de procedimiento disponible para las mujeres, influyendo directamente en su experiencia asistencial y autonomía en la toma de decisiones.

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