Madrid recurre la decisión del TSJM de crear el registro de objetores al aborto a pesar del aviso de García: "Tiene pena de inhabilitación"

El registro de objetores al aborto ha vuelto a sembrar la discordia entre el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso y el Ministerio de Sanidad. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitiera un auto en el que le ordenaba iniciar "de inmediato" la creación del listado a petición de la cartera de Mónica García, la comunidad autónoma ha presentado un recurso en contra.

De esta manera, ha rechazado la decisión del TSJM y ha asegurado que en la región se garantiza la atención del aborto y el derecho de los médicos a la objeción de conciencia. "La Comunidad de Madrid garantiza el derecho de los médicos a la objeción de conciencia desde hace muchísimo tiempo y, lógicamente, se presta ese servicio a todas las mujeres que desean abortar dentro de los supuestos que están contemplados en la propia ley. No es ninguna novedad", ha apuntado Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, tras la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, ha advertido a Isabel Díaz Ayuso que no crear el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) podría acarrear su inhabilitación para ejercer un cargo público.

"Me permito recordar que el ordenamiento jurídico español es muy claro en este punto. El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público", ha señalado García.

Activación de los mecanismos legales

La ministra ha señadado que todas las comunidades autónomas han ido dando pasos para aplicar el registro, salvo la Comunidad de Madrid. "Precisamente la comunidad donde el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo siguen derivándose a clínicas privadas", ha añadido. Por ello, recordaba, el Ministerio de Sanidad activó los mecanismos legales previstos para garantizar que la ley se cumpla. "Y eso es lo que explica la reciente resolución judicial que obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para crear su registro", ha indicado.

En este contexto, García ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que haya afirmado que su empeño personal es no aplicar ese registro. "Pues bien, el empeño personal de esta ministra es otro: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres", ha apuntado, añadientdo: "En España las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada quién. Se cumplen. Punto. Y las resoluciones judiciales, exactamente igual, se acatan".

Sanidad solicitará más datos a las CC.AA.

Tras ello, ha anunciado que en los próximos días el Ministerio enviará una carta a todas las comunidades autónomas solicitando información detallada sobre cómo están organizando esta prestación.

"Para conocer qué centros con servicios de ginecología y obstetricia realizan interrupciones voluntarias del embarazo, cuál es la distribución de profesionales objetores y qué medidas de gestión están adoptando para garantizar que el servicio se presta de forma efectiva", ha detallado.

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