Sanidad denuncia a la Comunidad de Madrid por no presentar el registro de objetores al aborto

El Ministerio de Sanidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no presentar el registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, según ha informado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García.  "Hay un incumplimiento de la ley fragrante. Madrid es la única comunidad que no ha hecho un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto de las madrileñas", ha denunciado Mónica García en una declaraciones en el programa Al rojo vivo de La Sexta. Por su parte, desde el Gobierno de la que se centre en resolver "el problema que tiene" con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es "más importante", y no en presentar denuncias contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el registro de objetores. 

El pasado 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a las tres comunidades autónomas que aún no habían acatado la ley (Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid), dando un plazo de un mes para su respuesta. Mientras las dos primeras comunicaron el inicio de los trámites para la creación del registro, no ha sido así en el caso de la región. Desde la Comunidad de Madrid se ha rechazo crear un registro de médicos objetores de conciencia para practicar abortos, exigido por la ley estatal de 2023. "Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", recalcó la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute. La consejera ya anunció su intención de "defender a los sanitarios en los tribunales y su derecho de conciencia", expresando que no cree que nadie les vaya a "obligar" a publicar los nombres de los profesionales objetores del aborto. "Del tribunal evidentemente se acatará la decisión, pero, con la Constitución en la mano, también lucharemos por defender los derechos de libre objeción y de conciencia que tengan los profesionales sanitarios", afirmó en noviembre Matute.

García ha explicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo un mes de plazo para presentar el registro, al tiempo que ha resaltado que dicho documento también sirve para garantizar los derechos de los objetores. "Nosotros, obviamente, vamos a defender los derechos de las mujeres y a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, y una de ellas es este contencioso", ha señalado García, quien ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recortado los derechos de las mujeres. En este contexto, la ministra de Sanidad ha calificado como una "especie de trumpismo cañí", la actuación del gobierno madrileño "al margen de la ley".

El recurso presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, señala en sus alegaciones que la Comunidad de Madrid es la única Comunidad Autónoma que, además de no haber contestado al requerimiento de 14 de octubre de 2025, "ha manifestado públicamente su negativa a desarrollar dicho registro, a través de diversas declaraciones efectuadas en medios de comunicación, de conocimiento público y notorio".

El Ministerio de Sanidad solicita al tribunal una medida cautelar positiva de modo que, de forma provisional y sin esperar al final del procedimiento, se ordene a la Comunidad de Madrid crear el registro de objetores tal como exige la ley y el protocolo aprobado en el Consejo Interterritorial. El argumento es que, si no se adopta esa medida ahora, cuando llegue la sentencia puede ser demasiado tarde porque durante todo ese tiempo se habrá estado incumpliendo la ley y generando perjuicios a mujeres, profesionales y al propio sistema sanitario.

La demanda recuerda que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) forma parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud y que el derecho de la mujer a decidir sobre la interrupción de su embarazo está amparado por la Constitución y por la doctrina del Tribunal Constitucional. Y subraya que la objeción de conciencia es un derecho individual del personal sanitario, pero que debe compatibilizarse con el acceso efectivo de las mujeres a la prestación y con la organización del sistema sanitario.

En cuanto a los argumentos sobre el registro de objetores, la demanda explica que el registro autonómico de objetores es obligatorio por ley y que su finalidad es organizar los recursos humanos para garantizar la prestación de la IVE sin discriminar ni a objetores ni a no objetores. Así, recuerda que el protocolo del Consejo Interterritorial detalla que el registro será interno, no público, limitado a los profesionales directamente implicados en la IVE y sujeto a estrictas garantías de protección de datos.

Además, señala que el registro es una herramienta técnica de gestión de recursos humanos: permite planificar plantillas, guardias y derivaciones sin improvisaciones y con criterios claros. El Protocolo subraya que no es un registro público, sino interno, limitado a quienes organizan la prestación, y con datos estrictamente necesarios, sin recoger el motivo de conciencia; y recuerda que se aplican medidas reforzadas de protección de datos, con acceso restringido y trazabilidad de consultas, lo que desactiva el argumento de que el registro "señala" o expone a los profesionales.

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