La “letra pequeña” del registro de objetores al aborto

El último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del año, celebrado el pasado lunes 16 de diciembre, se cerró con varios acuerdos entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Uno de los más sensibles es  el protocolo para objetores de conciencia respecto al aborto y que, según confirmó la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior, se sacó adelante “de forma consensuada”.

Esta medida que incluye la creación de un registro de personas objetoras de conciencia en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), busca garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Desde el Ministerio de Sanidad, Mónica García ha insistido en que el registro servirá únicamente para coordinar recursos y evitar que existan “excusas para incumplir la ley”. Según García, el protocolo garantizará la confidencialidad de los datos de los profesionales inscritos, salvo que un juez dictamine lo contrario. Además, se plantea extender la posibilidad de objeción a farmacéuticos que dispensen medicamentos relacionados con el aborto. A pesar de que todas las comunidades autónomas han firmado el acuerdo para crear un registro de profesionales sanitarios objetores al aborto, muchas de ellas, como es el caso de Madrid, han mostrado reparos respecto a su implementación. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha criticado el registro, calificándolo de innecesario. “Nadie puede obligar a un sanitario a quitarle la vida a nadie”, ha afirmado destacando que la objeción de conciencia debe prevalecer por encima de cualquier medida administrativa.

Matute ha afirmado que la Comunidad de Madrid cumplirá la ley, pero ha asegurado que no permitirán que el registro sea utilizado como una herramienta de estigmatización. También ha recordado que la Ley de Protección de Datos garantiza la privacidad de los objetores.

Por su parte, Baleares ha mostrado una postura más abierta hacia el registro, aunque con ciertos matices. La consellera de Salut, Manuela García, ha confirmado que incluirán en el listado a otros profesionales implicados en los procedimientos, como anestesistas, matronas y enfermeras. “Garantizaremos que los derechos de los profesionales sean respetados mientras cumplimos con la normativa”, declara.

Los médicos, más críticos

En el ámbito médico, Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, ha avalado el registro al señalar que el Tribunal Constitucional ya lo validó como una herramienta de gestión. Sin embargo, Manuel Martínez-Sellés, expresidente del Colegio de Médicos de Madrid, lo considera incompatible con la libertad de los profesionales. “El registro no tiene sentido si no es para discriminar”, afirma, recordando que la objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido tanto por la Constitución Española como por la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Una de las voces más críticas ha venido de parte de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario. Según su coordinador general, José Antonio Díez, “transformar el aborto, que es un derecho de las mujeres en determinadas condiciones, en un deber legal para los médicos, implica una peligrosa transgresión jurídica y deontológica. Los derechos, por definición, son facultativos; su ejercicio no puede convertirse en obligatorio para terceros. Obligar a los profesionales de la salud a realizar abortos bajo pena de sanciones supone una erosión del núcleo esencial de la libertad de conciencia y de la dignidad profesional. Intentan convertir a una parte importante de los profesionales sanitarios en una suerte de presos de conciencia”.

Además, según Díez, este tipo de políticas “podría provocar un efecto desalentador en las vocaciones médicas, especialmente en áreas sensibles como la ginecología y obstetricia, donde la controversia en torno al aborto es particularmente intensa. Una profesión médica coaccionada pierde su esencia y se desvirtúa, afectando tanto a los profesionales como a los pacientes”.

“No hay duda de que el objetor debe comunicar su objeción, pero no hay legislación en el mundo civilizado que se atreva a condicionar el ejercicio de un derecho (la libertad de conciencia) a la inscripción en registro público a los médicos objetores”, concluye.  

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