Por Sergio Díaz
19 de diciembre de 2024La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció en el Congreso de los Diputados la apertura de nuevas vías de colaboración entre el Gobierno central y las autoridades canarias para asegurar la cobertura sanitaria a los inmigrantes que llegan al archipiélago en condiciones precarias. Durante su intervención, García ha calificado esta atención como “una obligación ética y legal” y recuerda que el Sistema Nacional de Salud (SNS) garantiza el acceso a la sanidad pública sin distinción de origen o situación administrativa.
La situación migratoria en Canarias ha alcanzado niveles alarmantes, más de 57.000 personas han llegado de forma irregular en lo que va de año, marcando un récord histórico que ha puesto a prueba los servicios públicos de la comunidad autónoma. Frente a este contexto, la ministra insistió en que negar la atención sanitaria no solo es incompatible con los principios del SNS, sino que tampoco reduce costes ni descongestiona los hospitales.
La comparecencia de la ministra respondió a una interpelación de Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, quien exigió una respuesta clara del Gobierno central ante lo que calificó como una “crisis migratoria sin precedentes”. Valido subrayó que el sistema sanitario de las islas está desbordado y reclamó recursos adicionales y un compromiso firme de las instituciones estatales. “Es el Estado quien tiene la competencia exclusiva en materia de inmigración y quien debe asumir su responsabilidad, no tratarlo como un gesto de ayuda”, afirma Valido. Además, criticó la insuficiencia de las ayudas actuales y pidió la financiación necesaria para garantizar una respuesta eficaz, ya que, según argumentó, las instituciones autonómicas no pueden gestionar por sí solas el impacto de la masiva llegada de inmigrantes.
Ante estas demandas, Mónica García reconoció la magnitud del problema y reiteró la disposición del Gobierno a buscar soluciones conjuntas con las autoridades canarias. La ministra ha destacado que, durante el Consejo Interterritorial de Salud, ya se ofreció a trabajar codo a codo con la consejera de Salud de Canarias, Esther Monzón, para diseñar estrategias que permitan paliar esta situación.
Entre las medidas actuales, García recordó que el Ministerio de Hacienda ya tiene en cuenta las necesidades específicas de las comunidades autónomas a través del cálculo de la población protegida equivalente, y destacó que el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones destina más de 60 millones de euros anuales a la atención sanitaria de las personas migrantes.
En su intervención, García ha defendido el carácter universal del sistema sanitario español. “El SNS no pregunta por el origen ni la condición de las personas. Es un sistema que pone el bien común y el derecho a la salud en el centro, perfectamente alineado con el código deontológico de los profesionales sanitarios, que establece que nadie debe ser excluido”, afirma la ministra.
Asimismo, subraya que, aunque la llegada masiva de inmigrantes ha supuesto momentos de presión en los servicios sanitarios de Canarias, esta situación no ha afectado de forma significativa a la atención habitual que reciben los residentes. La ministra calificó al SNS como “un ejemplo de solidaridad” y destacó que el sistema sanitario brinda atención inmediata a quienes llegan a las costas españolas, independientemente de su estatus migratorio.