Luz verde en el Interterritorial al manual de eutanasia y a la transferencia de 235 millones a las comunidades

El desencuentro entre el Ministerio de Sanidad y las consejerías a raíz del conflicto del Estatuto Marco no ha impedido la aprobación en el Pleno del Consejo Interterririal del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de diversos acuerdos para reforzar las prestaciones sanitarias autonómicas y consensuar marcos comunes de actuación.

Sanidad y las comunidades han dado el visto bueno al reparto de 235 millones de financiación para los servicios sanitarios autonómicos, con un desglose que incluye más de 172 millones para reforzar la Atención Primaria, en línea con el Marco Estratégico acordado para este nivel asistencial. Esta inyección del Ministerio al presupeusto de las comunidades también contempla otros 60 millones para la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental y otros dos millones destinados a la mejora del sistema de información del SNS.

A pesar del clima de tensión que han escenificado los consejeros y la ministra antes de esta cita, este nuevo cara a cara entre ambos se ha saldado con la aprobación de tres protocolos comunes para un nuevo manual de buenas prácticas para la eutanasia, el despliegue del Marco de Cuidados de Enfermería y la homogeneización del acceso a terapias de alta complejidad.

Novedades en el manual de eutanasia, que Madrid rechaza

El pleno ha aprobado la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, el documento técnico de referencia común para la aplicación de este derecho. Este documento clarifica y unifica los criterios relativos a los tiempos del proceso asistencial, ampliando el margen que tienen los pacientes para solicitar un aplazamiento, pasando de los menos de dos meses actuales hasta seis.

El manual también establece la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias excepcionales y transitorias acordes con la normativa vigente. Si el trámite se detiene por causas del solicitante y pasan tres meses sin que se reactive, la Comisión podrá cerrar y archivar el expediente, previa notificación al interesado, sin perjuicio de que el interesado pueda abrir una nueva solicitud en otro momento. El manual también establece la recomendación de una tramitación abreviada para los casos más urgentes e incluye un apartado específico sobre la donación de órganos, adaptado a los protocolos vigentes de la ONT, garantizando que esta opción se ofrezca de forma independiente y sin interferir en la tramitación de la solicitud de eutanasia.

Desde Sanidad destacan como una de las grandes novedades el reconocimiento formal de la enfermería como figura de referencia en el equipo asistencial, reconociendo funciones que incluyen apoyo informativo y acompañamiento a la persona solicitante, preparando el entorno y el material necesario, realizando los cuidados y procedimientos propios de su competencia.

Al mismo tiempo, se incorpora una nueva estructura organizativa basada en unidades administrativas de apoyo, como las que ya tienen diseñadas varias comunidades autónomas, en aras de “asegurar un funcionamiento correcto, accesible y homogéneo de la prestación en su territorio”.

El manual ha salido adelante a pesar del rechazo de la Comunidad de Madrid, desde donde apuntan que, si bien no cuestionan “en absoluto” la ley de eutanasia, su rechazo se basa en “problemas jurídicos, clínicos y éticos que deben corregirse”. Desde la consejería de esta comunidad consideran que no se incorporan lo suficiente las recomendaciones de las sociedades científicas de incluir “herramientas objetivas de evaluación”. La titular de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha añadido la conveniencia de incluir “interconsultas con salud mental en casos complejos, cuando hay sufrimiento, cuando hay ideaciones suicidas y eso no lo han incluido, con lo cual dejan desprotegidos a los profesionales a la hora de aplicar el manual y lo más importante, problemas éticos porque no solo vale con informar a las personas que optan a la prestación de eutanasia de que tienen recursos para paliar su sufrimiento, es nuestra obligación que se garantice que tengan un acceso al tiempo por cien de ellos”. 

Pautas comunes para tratamientos de más de 80.000 euros anuales por paciente

Otro de los acuerdos alcanzados en el CISNS ha sido la aprobación de un protocolo común para el acceso a tratamientos farmacológicos de alta complejidad. Sanidad fija así criterios comunes para garantizar la equidad territorial, la calidad del proceso y la continuidad asistencial cuando un paciente deba ser atendido en un centro de referencia de otra comunidad. De esta forma, se establece un circuito común entre hospitales y comunidades de origen y destino, así como un circuito económico, por el cual se fija por norma general a la comunidad de origen del paciente como financiadora del tratamiento. 

El acuerdo se aplicará inicialmente a 66 tratamientos farmacológicos de alta complejidad ya incorporados a la cartera común de servicios del SNS, aunque este listado es susceptible de actualizarse. En él se incluyen 12 terapias avanzadas y 54 tratamientos de alto impacto económico. Entre ellos se incluyen, por un lado, las terapias avanzadas, como medicamentos basados en genes, células o tejidos, y, por otro, los tratamientos de alto impacto económico. En este último grupo se incorporan aquellos medicamentos con un coste igual o superior a 80.000 euros por paciente y año.

Siempre que sea posible, la prescripción, dispensación y administración de los medicamentos se realizará en la comunidad autónoma de origen del paciente, especialmente en tratamientos crónicos o de larga duración. El objetivo es reducir desplazamientos, mejorar la calidad de vida de pacientes y familias, y mantener la coordinación con el hospital de referencia.

Una enfermera por cada comunidad para desplegar el Marco de Cuidados

Por útlimo, el CISNS ha sellado un acuerdo para el despliegue del Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería. Para ello, se designará una enfermera experta por cada comunidad autónoma que será liberada de sus funciones para volcarse en el desarrollo de esta estrategia. Sanidad repartirá 60.000 euros a cada territorio para financiar la contratación de una enfermera sustituta de la persona escogida para el puesto, con una inversión total que asciende a 960.000 euros por parte del Ministerio. 

Las actuaciones de este Marco buscan avanzar hacia un modelo común de clasificación y estratificación de pacientes que permita organizar las plantillas enfermeras en función de la complejidad asistencial y de las necesidades reales de cuidados de la población, además de reforzar la planificación de cuidados y el desarrollo de sistemas compartidos de información e indicadores. Se trata de la primera hoja de ruta común para fortalecer y coordinar los cuidados enfermeros en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. El plan se articula en torno a cinco líneas estratégicas centradas en la adecuación de recursos humanos a las necesidades de salud, el modelo de práctica profesional, el desarrollo competencial en cuidados, la visibilidad y liderazgo de la profesión enfermera y el impulso de la investigación e innovación en cuidados.

A pesar de estos acuerdos, esta reunión entre el Ministerio y las comunidades no ha estado exenta de fricciones. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, ha acusado a la ministra de "no quiere asumir" la negociación de la huelga de médicos contra el Estatuto Marco. "Evidentemente está clarísimo que la ministra está feliz con el conflicto, está a gusto con el conflicto, dejando a los pacientes de las comunidades autónomas absolutamente desamparados", ha aseverado.

Vázquez ha pedido a la ministra de Sanidad que aclarase "dónde están los 300.000 millones de euros y cómo se han repartido esos 300.000 millones de euros que dice que el Gobierno ha repartido a las comunidades autónomas"

Al margen de la polémica por la gestión del Estatuto, desde el País Vasco también se han desmarcado de los puntos sobre el sistema de compensación vinculado al Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y al Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), al considerar que presentan "importantes deficiencias jurídicas y procedimentales". Esta decisión supone el rechazo al pago de 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de los años 2023 y 2024 que propone el Ministerio de Sanidad para Euskadi, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en un comunicado.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha emitido un voto expreso en contra, apoyado en un informe jurídico que concluye que las liquidaciones del FCS y del FOGA "se sustentan en un marco insuficientemente regulado, con carencias de seguridad jurídica, transparencia y estabilidad". "No podemos respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y tan poco clara; sería irresponsable con Euskadi y con el propio Sistema Nacional de Salud", ha afirmado.

 

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