
Por Nuria Cordón
15 de febrero de 2026España se despierta este lunes 16 de febrero con un escenario que lleva meses gestándose. Tras negociaciones fallidas y un creciente malestar entre los sindicatos del colectivo, los médicos inician una huelga nacional que convierte el conflicto por el Estatuto Marco en la mayor crisis abierta entre el Ministerio de Sanidad y la profesión facultativa en los últimos años.
El paro, convocado por las principales organizaciones sindicales médicas (Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), durará desde las 8:00 horas de este lunes hasta las 8:00 horas del 21 de febrero y marca un punto de inflexión en un enfrentamiento que ha ido creciendo de forma sostenida.
El impacto asistencial dependerá del seguimiento y de los servicios mínimos fijados por las comunidades autónomas, que garantizarán la atención urgente y los procesos inaplazables. Aun así, se prevén cancelaciones de consultas, pruebas diagnósticas y actividad programada en un contexto ya tensionado por las listas de espera y la presión asistencial acumulada tras años de sobrecarga estructural.
Según las organizaciones de facultativos, el nuevo Estatuto Marco, que se ha cerrado con la firma de los sindicatos del Ámbito, mantiene un modelo común que ignora la singularidad del ejercicio médico. Según el presidente de CESM, Miguel Lázaro, el principal problema de la sanidad pública española sigue sin abordarse: la falta de médicos especialistas. Un déficit estructural que “está disparando las listas de espera y comprometiendo incluso la seguridad de los pacientes”. En lugar de una reforma “valiente y de gran calado”, para Lázaro, la ministra se ha limitado a “hacer surf” sobre el Estatuto Marco, sin una inversión ni una planificación real orientada a las necesidades asistenciales.
En esta misma línea se mostraron los consejeros de Sanidad reunidos en Toledo el pasado 12 y 13 de febrero en el Fórum de Salus, organizado por Medicina Responsable, que coincidieron en señalar la necesidad de rebajar la confrontación política y abordar reformas estructurales pendientes, entre ellas las condiciones laborales de los facultativos.
Los representantes de los médicos consideran que se encuentran en una posición desfavorable con respecto al resto de profesionales de la sanidad pública tanto en condiciones laborales, como en la capacidad negociadora que tienen en el foro oficial de discusión. Por ello, desde el primer momento han pedido un ámbito de negociación propio que permita abordar de forma diferenciada cuestiones que afectan en exclusiva a los facultativos como la jornada, las guardias, la responsabilidad profesional o la formación especializada, una demanda que el Ministerio ha descartado desde el primer momento. A pesar de que cuentan con representantes en la mesa de negociación que ha llegado a un acuerdo con Sanidad, los médicos denuncian la escasa capacidad de influencia que tienen en dichas negociaciones.
En esta misma línea, reclaman un estatuto propio que recoja las particularidades de la profesión como “única solución posible a la crisis de la sanidad pública”, que consideran que reside en la fuga de talento médico fuera de España y a la sanidad privada.
Mónica García, ministra de Sanidad, siempre ha argumentado que esta medida supondría "fragmentar" el sistema sanitario y el funcionamiento multidisciplinar de sus equipos, y ha invitado, en varias ocasiones, a canalizar esta demanda por la vía parlamentaria (iniciativa legislativa popular o a través de algún partido político) o entablar una negociación directa con las comunidades autónomas.
Otro de los puntos de mayor fricción entre Sanidad y los médicos es el régimen de las guardias. En el nuevo documento, se contempla la reducción de las guardias a 17 horas, en vez de 24, sin deuda horaria. Es decir, tal y como explicó la ministra, se eliminan los turnos de jornada ordinaria previos y posteriores a la realización de esas guardias y serán los servicios de cada centro los que podrán adaptar su forma de trabajo por turnos para cubrir las necesidades del servicio. Esta medida es, según Lázaro, “inviable” desde el punto de vista de la gestión. “Cuando la ministra plantea que son 17 horas, ahí está la trampa, porque si yo trabajo una guardia a partir de las 3 y por la mañana no vengo, mis pacientes los tiene que ver mi compañero con plantillas que son ahora insuficientes. Y si el día siguiente yo libro y no vengo, los mismo”.
Lo que reclaman los médicos es una jornada ordinaria como el resto de profesionales sanitarios, sin guardias, y que el resto sean horas extraordinarias, con su correspondiente cotización. Ahora, las horas de guardia que realizan los facultativos ni siquiera cotizan para la jubilación.
Los sindicatos también rechazan el modelo de clasificación propuesto por el Ministerio de Sanidad y que aglutina en el mismo grupo A1 a médicos, farmacéuticos o enfermeras. Frente a este modelo, y acorde a la formación, responsabilidad y carga asistencial del colectivo, algunas de estas organizaciones reclaman un encuadre específico, denominado A1 plus, que reconozca la singularidad de una profesión que requiere más de una década de formación y asume una responsabilidad clínica y legal diferenciada.
Otra de las demandas ausentes en el texto es el reconocimiento del médico como profesión de riesgo, como sí lo están otras profesiones en nuestro país con beneficios como la jubilación anticipada sin reducción en la pensión. “No nos merecemos que un gobierno, después de la pandemia y otras tragedias que ha vivido el país, donde los médicos no han fallado, no reconozca a la profesión médica”.
Además, reclaman medidas efectivas de conciliación laboral y familiar. Los representantes del colectivo subrayan que el texto no corrige las jornadas prolongadas ni la sobrecarga asistencial, factores que, a su juicio, están detrás del aumento del desgaste profesional, el abandono de la sanidad pública y la emigración de médicos a otros países europeos.
A estas carencias se suma la falta de respuestas en materia retributiva. El Estatuto Marco no contempla la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010 (con la supresión de las pagas extras) ni introduce mejoras estructurales en un sistema salarial que los sindicatos consideran desfasado en comparación con el entorno europeo. Tampoco incluye un plan específico para afrontar la escasez de médicos especialistas, un déficit que, según advierten, está disparando las listas de espera y comprometiendo la calidad asistencial.