Hospitales, clínicas y profesionales “barajan” no atender a Muface por la “insuficiente” subida de las aseguradoras

La patronal de la sanidad privada, ASPE, ha elevado el tono contra las aseguradoras que forman parte de Muface para el nuevo concierto en proceso de renovación (Asisa y Adeslas) y advierte que, con las condiciones actuales, el modelo está en “peligro de dejar de ser viable”. La última oferta de licitación presentada por el Gobierno para renovar el concierto durante los próximos tres años ha hecho que la llegada de un acuerdo definitivo sea cuestión de semanas, tras seis meses de incertidumbre por la renovación con dos ofertas desestimadas por las aseguradoras.

Ahora que la propuesta económica para financiar Muface cumple con las exigencias de estas compañías, desde ASPE critican que, a pesar de recibir “un aumento del presupuesto del 41,5%, las aseguradoras ofrecen a los centros y profesionales sanitarios un incremento insuficiente que agravaría las pérdidas económicas”, con una subida de las tarifas para los hospitales que califican de “exigua”. Desde esta entidad advierten de las consecuencias de esta situación, señalando que “ante la imposibilidad de ofrecer las garantías asistenciales mínimas, muchos hospitales, clínicas y profesionales barajan dejar de lado el servicio”.

Por ello, instan al Gobierno y a la propia Muface a “intervenir para asegurar la asistencia equitativa y completa de los funcionarios en todo el territorio nacional” o, de lo contrario, los mutualistas podrían ver “cercenado” su derecho a asistencia sanitaria. 

El presidente de ASPE, Carlos Rus, defiende la calidad asistencial de las empresas de la sanidad privada y realiza “un nuevo llamamiento para que Muface pueda seguir siendo el excelente ejemplo de colaboración público-privada que ha sido en los últimos cuarenta años”. En esta línea, sostiene que está en manos de las aseguradoras garantizar que así siga siendo, por lo que les reclama “altura de miras”.

Aunque la afectación sería para todo el territorio nacional, la patronal de la sanidad privada señala que las “provincias con menor número de operadores privados sufrirían un severo riesgo de quedarse con un cuadro médico cercenado si las aseguradoras no aumentan su remuneración”.

Estas remuneraciones señalan que conducen a la “asfixia de los hospitales”, por lo que reclaman una mayor dotación económica. Ya hace un mes, presentaron una batería de propuestas para mantener el correcto funcionamiento del modelo. Entre ellas, además de exigir una remuneración “justa”, pedían establecer unas garantías de “accesibilidad” para los usuarios con un tiempo de espera máximo de 20 días para consultas, cirugías menores o el manejo de diagnósticos graves. 

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