El Gobierno reforma las leyes de Dependencia y Discapacidad: "Posiblemente sea la medida más social de la legislatura"

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley para reformar de manera conjunta la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad, y ha autorizado repartir 783,2 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que “posiblemente esta sea la reforma social de mayor calado de la legislatura”, que ha contado con la participación de la sociedad civil, las comunidades autónomas, el Consejo Económico y Social y los agentes sociales para crear “un texto ambicioso y con el mayor consenso posible”.

Entre algunas de sus incorporaciones, la nueva medida contiene un artículo que refuerza las garantías en el ámbito de la salud mental basado en el consentimiento libre e informado, y prohíbe los internamientos involuntarios por razón de discapacidad, excepto si se trata de “urgencias vitales” que pongan en peligro la vida del paciente o de terceras personas. La meta –ha añadido- es “sentar las bases de un sistema público y universal que consagre el derecho de la ciudadanía al bienestar, a ser cuidados, a la igualdad y a vivir una vida plena en condiciones de libertad y de autonomía”.

Más libertad, accesibilidad y facilidades

Esta reforma, que tendrá que ser aprobada en el Congreso de los Diputados tras su paso por el Consejo de Ministros, recoge el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de Dependencia y, como novedad, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad.

También contempla la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural, estableciendo la obligación de las administraciones competentes de adoptar medidas de accesibilidad física y cognitiva, como la lectura fácil, los pictogramas y las tecnologías de apoyo. Asimismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas y respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otros convivientes; y se incluye una extensión del servicio de ayuda a domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico para que la persona cuidadora pueda acompañar a la usuaria en otras actividades como ir al médico o hacer la compra.

El proyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia y eleva a rango de ley el carácter complementario de la misma, estableciendo que no puede ser considerada como única prestación, sino que debe combinarse con otros apoyos. También se permite a personas que viven en residencias recibir este servicio.

Entre los nuevos servicios que incluye, destacan también los cuidados y apoyos en viviendas compartidas, el préstamo de productos de apoyo como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz y servicios de asistencia personal.

Por otro lado, se contempla que la persona usuaria tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas, y el derecho a la atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias. Esto se hará, según ha explicado Derechos Sociales, estableciendo las bases para que los gobiernos autonómicos implementen procedimientos de coordinación entre sus servicios sanitarios y sociales.

Otra novedad es que los centros de día prestarán apoyos también fuera de sus instalaciones, atendiendo en sus propios domicilios o en espacios de su entorno a aquellas personas usuarias que vivan cerca y lo requieran.

En caso de fallecimiento de la persona en situación de dependencia, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se abonará hasta el último día del mes en que se produzca el deceso como "un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan". Además, la ley subraya que, para ofrecer una atención de calidad, continuada y segura, las trabajadoras deben tener condiciones laborales dignas, estables y profesionalizadas.

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