El Gobierno propone blindar el derecho al aborto en la Constitución

El Gobierno planteará incluir el derecho al aborto en la Constitución española a través de un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna, lo que requeriría una mayoría cualificada para su aprobación. El objetivo es combatir "cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres y consagrar la libertad y la autonomía de estas", según han informado fuentes del Gobierno a Europa Press.

Con su aprobación, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, ya que Francia lo hizo el pasado año 2024. Además, el Ejecutivo de Sánchez tiene previsto modificar el Real Decreto 825/2010 para “impedir” que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban “información falsa o engañosa” y “sin evidencia científica”.

Esta propuesta llega tras la polémica por la iniciativa de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Madrid y con el apoyo del PP para ofrecer información sobre el "síndrome postaborto" a las mujeres que deseen abortar.

Los detalles de la propuesta

Según han detallado las fuentes del Gobierno, la reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de aborto tenga "base científica objetiva" y esté respaldada por "estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)". En este sentido, desde el Ejecutivo avisan de que “teorías sin base científica como el supuesto 'síndrome posaborto' no tendrían cabida en estas clasificaciones".

"En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas", han subrayado las citadas fuentes del Ejecutivo, que añaden que, de esta forma, "combate cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres". Asimismo, han recordado que el propio Tribunal Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo como un "derecho esencial" de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el aborto "tiene que estar recogido como un derecho constitucional", y ha recordado que este tema lleva sobre la mesa del Gobierno desde hace más de año y medio.

Tras la polémica del “síndrome postaborto”

El anuncio del Gobierno se produce tras la  aprobación de una propuesta de Vox y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid para informar a las mujeres sobre el "síndrome postaborto" que, según ha alertado la concejala de Vox, Carla Toscano, se basa en “un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia, bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica a las mujeres que no han abortado”. Sin embargo, los expertos han desmentido que estos síntomas se produzcan, y hasta el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, ha reconocido que este “síndrome postaborto” no es una “categoría científica reconocida”.

Aun así, José Luis Martínez-Almeida ha insistido en que no se obligará a las mujeres a recibir información sobre el aborto. "Lo que tenemos claro es que nosotros no vamos a obligar a las mujeres a recibir esa información y decimos que, sin comprar el argumentario de Vox, no pasa nada porque las mujeres tengan información. Es un puro planteamiento de sentido común", ha defendido. En esta misma línea se ha pronunciado Fátima Matute, consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, durante un desayuno informativo con periodistas, quien ha recordado que es un tema muy serio en el que la Comunidad de Madrid "cumple la ley escrupulosamente". De acuerdo con Matute, a la mujer "se le da un documento informativo que tiene que leer y firmar, así lo dice la ley, y nosotros la cumplimos". 

Aun así, Fátima Matute ha recordado a Mónica García que un aborto "es un fracaso" y "no he pído a la ministra hablar de concienciación sobre embarazos no desados. Tampoco habla de ayudas a la paternindad y maternidad y, si está sacando este tema para polemizar y desviar la atención, es muy cruel". Por úlrimo, la consejera ha comentado que "a mi, como médico, me han enseñado a salvar vidas y no puede sonbligar a nadie a quitar la vida, por lo que también hay que proteger a esos profesionales objetores y cumplir su derecho a la objeción de conciencia". 

40 años de la legalización del aborto

Esta propuesta llega en el año en el que se conmemora el 40 aniversario de la despenalización del aborto en España (Ley 5/1985), que lo reconocía de forma restringida. La Ley Orgánica 2/2010 reguló por primera vez el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre y sin supuestos durante las 14 primeras semanas de gestación.

Además, en 2023, la LO 1/2023 amplió los mecanismos para garantizar el acceso a este derecho; y la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal, refuerza la protección de este derecho al tipificar como delito las conductas de acoso y hostigamiento contra las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo. 

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