OMC: la ley del aborto es una responsabilidad de la gestión hospitalaria

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, y la vicepresidenta de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), María Jesús Cancelo, coinciden: “ es más útil realizar un registro sobre los profesionales dispuestos a realizar un aborto en vez de un registro de objetores a esta prestación”, como se incide en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Según datos de 2020, el 84,5% de las interrupciones voluntarias del embarazo se llevaron a cabo en centros privados, muy por encima de las realizadas en centros públicos, que fueron del 15,5%. Con estos datos sobre la mesa, uno de los objetivos que persigue la reforma de la ley del aborto es garantizar el acceso pleno al aborto en los centros de la sanidad pública.

Sin embargo, como explica, María Jesús Cancelo, vicepresidenta de SEGO, “¿qué va a suceder cuándo en un centro hospitalario de una pequeña provincia, o de un gran hospital quieran objetar tanto el ginecólogo, como el anestesista o la matrona, para la misma intervención?” Es más ,”¿qué va a pasar cuando una mujer no quiera abortar en un centro pequeño público de su pueblo porque la conocen y prefiera ir a otro centro de salud más alejado?”. Tanto ella, como Tomás Cobo, presidente de la OMC, para éstos y otros casos, abogan por establecer un circuito en el hospital para que la prestación de interrupción del embarazo se lleve de la forma más adecuada posible sin perjudicar al personal sanitario.

El presidente de la OMC explica que “además de los abortos en los quirófanos hay personal de guardia que tiene que llevar los cuidados postoperatorios, no solo relacionados con el aborto, sino de todas las patologías”, por eso, “esta responsabilidad no debe trasladarse a los médicos, es una responsabilidad de la gestión de los hospitales, de los gestores, que tienen que organizar los circuitos para ese servicio”, señala, Cobo que además insiste en que “la nueva ley del aborto no es un problema de un ginecólogo, ni de un anestesista, ni de una enfermera”.

La Administración, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2014, asegura el derecho a tener una lista de objetores de conciencia, pero “esto no es práctico, lo práctico es saber quiénes están dispuestos a realizar estos procedimientos”, aseguran desde la SEGO y la OMC. Unas opiniones a las que se suma Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid que añade: “no sabemos si esas listas podrán ser utilizadas de manera inadecuada. Habría que hacer contrataciones especificando que determinados profesionales que se contraten no pueden ser objetores, y eso es una clarísima discriminación hacia quienes se acogen a su derecho constitucional a objetar".

Cuantas más instituciones tengan la posibilidad de acceder al texto de la reforma de la ley del aborto mejor, aseguran desde todas estas organizaciones.

La edad de abortar a los 16, otro tema polémico para la Sociedad de Ginecología Española
Para la vicepresidenta de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, María Jesús Cancelo, además de la lista de objetores, entre los 9.000 ginecólogos que hay en España preocupa también el tema de que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno.

Desde esta organización, abogan  por informar a las adolescentes y a los profesionales para evitar que las jóvenes tengan que abortar al llegar a esta edad. “No todas las jóvenes tienen la misma maduración y para abortar todo debe estar previamente muy meditado. Es necesario ofrecer a las menores la mayor información posible y dejarles tiempo suficiente para que puedan reflexionar sobre lo que van a realizar”.

Lo primordial es “insistir en la formación en materia anticonceptiva para no llegar a esa situación”. Eso y “que las menores se sientan apoyadas por su familia”, explica Cancelo.

---