Por Gema Puerto
31 de agosto de 2022Con la última polémica de la justicia, La ley del Aborto, prosigue el camino hacia su aprobación definitiva en el Parlamento antes de que acabe el año, a pesar de las críticas que está recibiendo por parte de la sociedad, los médicos y la judicatura.
En la calle todavía no se entiende porqué las menores de edad de 16 años pueden abortar sin el permiso de sus padres, desde el Colegio de Médicos de Madrid critican duramente la discriminación que pueda existir a la objeción de conciencia de los médicos, y desde el CGPJ no entienden porqué no se les dio una prórroga para poder evaluar el texto como acuerda la ley antes de que pasara al Consejo de Ministros.
A pesar de todas estas vicisitudes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha metido la sexta marcha y ha admitido no haber contado “con ninguna entidad contraria a la interrupción del embarazo” en la elaboración del texto del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
A sus declaraciones se suman ahora las de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que acusa al Tribunal Constitucional de tardar más de diez años en emitir una sentencia sobre un derecho que afecta a más de la mitad de la población.
Tras la aprobación ayer en Consejo de Ministros del anteproyecto de la ley del aborto, ahora son las distintas fuerzas políticas las que tienen que realizar sus enmiendas y modificaciones a un texto que tiene que ser aprobado en el Congreso, y luego en el Senado antes de que se apruebe definitivamente.