García insta a los sindicatos médicos a llevar sus demandas por vía parlamentaria ante la “afección” sanitaria que supone la huelga

Ante la inminencia de la huelga convocada por los sindicatos médicos en rechazo al Estatuto Marco, la ministra de Sanidad, Mónica García, insiste en su postura sobre la petición de un estatuto exclusivo para los facultativos, instando a dirimirlo en el parlamento. García se ha dirigido por carta a los sindicatos del comité de huelga médica para emplazarles a canalizar sus demandas por esta vía y llama a los convocantes de los paros a no recurrir a la huelga por la “afección prolongada en la atención sanitaria y en la población” que supondría.

La ministra responde así a la convocatoria de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) han convocado a los facultativos de todo el país a realizar huelga una semana al mes de aquí a junio, comenzando el próximo lunes 16. García ha mostrado su “máximo respeto” al derecho a la huelga, pero advierte que utilizar este recurso con el objetivo de que su departamento impulse la elaboración de un estatuto propio "plantea serias dificultades".

Por su parte, los sindicatos médicos han respondido a esta misiva defendiendo que la decisión de convocar la huelga se plantea como la “última opción de los representantes sindicales después de numerosas llamadas de atención para llegar a acuerdos que han sido ignoradas”. No en vano, han expresado su agradecimiento “por haber accedido a responder personalmente a uno de los numerosos intentos de diálogo planteados en los últimos meses”. El comité ha disculpado de antemano “las molestias que estos paros puedan generar a los pacientes”, pero argumentan que el objetivo de esta protesta es defender la mejora de sus condiciones laborales precisamente para brindad “la mejor calidad asistencial a la población”.

En la carta, la ministra defiende el acuerdo alcanzado en el Ámbito de Negociación, como órgano legitimado para la discusión de esta norma. Además, incide en las más de 20 reuniones que ha mantenido su departamento con los representantes de los sindicatos médicos. Fruto de estas reuniones, asegura que se han alcanzado numerosos puntos de convergencia que quedaron reflejados en el texto. Desde el Ministerio apuntan que remitieron a estas organizaciones a finales del año pasado “un documento con propuestas orientadas a la consecución de un posible acuerdo, sin recibir una contrapropuesta". 

A propósito de la defensa de este foro de negociación, García recuerda que la propia CESM forma parte de esta mesa y sostiene que el texto acordado supone una "mejora sustancial" de las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios, además de incorporar un capítulo específico y diferenciado para el colectivo médico. En esta línea, destaca que la renovación de esta norma 23 años después de la aprobación de la actual regulación, responde a la "gran mayoría" de sus demandas, algo que han aceptado de forma "expresa" los sindicatos que convocan la huelga en varias reuniones.

Los sindicatos médicos resaltan el grado de respaldo a las anteriores convocatorias e insisten en que el desarrollo y el desenlace de la negociación pone de manifiesto que “el peso del colectivo médico y facultativo resulta anecdótico, por lo que es imprescindible una interlocución directa”. “El Sistema Nacional de Salud no puede mantenerse como se ha conocido hasta el momento a base de normas que acaban discriminando a médicos y facultativos”, apuntan en su respuesta.

La titular de Sanidad sostiene que las reivindicaciones médicas que han quedado excluidas son las ajenas a la competencia del Ministerio y de la propia ley, recalcando la potestad de las comunidades autónomas para regular aspectos como las retribuciones, la negociación del pago de las horas de guardia, la organización de las jornadas, la planificación de plantillas y su incremento. Por todo ello, asevera que la reiterada exigencia de retirar este texto "no resulta ni razonable ni justa para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS)", porque supone "la exclusión del resto de profesionales de las mejoras alcanzadas, la ruptura de un sistema basado en el trabajo multidisciplinar, el desconocimiento de la legislación vigente en materia de negociación colectiva y el desaprovechamiento del extenso trabajo desarrollado en más de 60 reuniones".

Las alternativas a la huelga que propone la ministra son las ya reiteradas en anteriores ocasiones a este respecto: la iniciativa legislativa popular (vía recogida de 500.000 firmas) o las impulsadas por partidos políticos en los parlamentos. Además, interpela a los sindicatos para que negocien directamente los servicios de salud autonómicos a través de las mesas sectoriales las cuestiones que son de su competencia. 

Asimismo, añade la opción del trámite de audiencia e información pública y, tras ello, el propio trámite parlamentario del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, en el que el texto se somete al debate y a la presentación de enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios para su revisión y eventual mejora.

García reitera su “firme voluntad de diálogo” a través de los cauces legales, pero sostiene que “focalizar las reivindicaciones exclusivamente en este Ministerio no resulta la opción más adecuada, cuando existen mecanismos legales suficientes y plenamente accesibles para canalizarlas”

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