El Fórum de Salud de Toledo cambia el enfrentamiento por el debate y pone a hablar a la sanidad

La política sanitaria española se ha acostumbrado a vivir entre acusaciones, reproches y cruces de declaraciones que ocupan titulares mientras los problemas siguen encima de la mesa. El Estatuto Marco, la colaboración público-privada o la financiación autonómica ha marcado el debate en los últimos meses sin atisbos de soluciones en el corto plazo.

Pero en Toledo, el guion ha cambiado, al menos por unas horas, y el debate ha abandonado el choque instalándose en el diálogo y en el encuentro.

El Fórum de Salud, organizado por Medicina Responsable con el apoyo de la Organización Médica Colegial (OMC), ha conseguido que once consejeros autonómicos de Sanidad se sienten alrededor de la misma mesa, con realidades muy diferentes y colores políticos dispares. Había temas suficientes para el enfrentamiento y, sin embargo, lo que predominó fue otra cosa: intercambio de ideas, intervenciones sin interrupciones, discrepancias sin ataques y alguna sonrisa cómplice cuando el diagnóstico era compartido. No desaparecieron las diferencias, pero tampoco se convirtieron en arma arrojadiza.

Tomás Cobo, presidente de la OMC, abrió la jornada reivindicando el modelo universal y gratuito de nuestro sistema sanitario como uno de los grandes logros colectivos del país y que garantiza que nadie quede sin atención en urgencias, algo que, recordó, no sucede en todos los países. Aun así, advirtió que el Estatuto Marco ha sido “la gota que ha colmado el vaso” de un malestar acumulado de los médicos: precariedad, modelo retributivo apoyado en complementos y guardias, sobrecarga asistencial, agresiones crecientes y una brecha generacional cada vez más visible en la profesión médica. “Todos los médicos sienten esa desafección”, afirmó.

Estatuto Marco y huelga: el detonante de un malestar acumulado

El tema que más espacio ocupó el foro, patrocinado por las compañías Astellas, Serveo, Air Liquide, Carburos Metálicos, Abbvie, Oximesa Nippon Gases, GEE, Gilead y Astrazeneca, fue el nuevo borrador del Estatuto Marco, firmado entre la ministra de Sanidad, Mónica Gracía, y los sindicatos del Ámbito. Ninguno de los participantes negó que este texto que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios necesitara actualización, pero el problema está, según los consejeros, en el procedimiento y en el alcance real de la reforma. Antonio Gómez Caamaño, consejero de Sanidad de la Junta de Galicia, fue claro: la norma requería revisión, pero el proceso no se ha gestionado adecuadamente. Además, alertó de la “sostenibilidad emocional” del sistema y del riesgo de que el desgaste profesional termine impactando directamente en la salud de los ciudadanos. No en vano, en las últimas huelgas que ha tenido Galicia, se llegaron a anular 100.000 citas.

Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León subrayó la paradoja de estar debatiendo intensamente un asunto que, en su opinión, no forma parte de la preocupación cotidiana de los ciudadanos, y cuestionó que la huelga se dirija contra las consejerías cuando la competencia normativa es estatal.

César Pascual, consejero de Salud de Cantabria, introdujo un elemento estructural: “El verdadero problema es que los médicos no pueden ser funcionarios si queremos darles un régimen retributivo adecuado”. Criticó además que “las guardias se han convertido en retribución” y defendió un marco distinto para ellos. Por ello, Juan José Pedreño, consejero de Salud de la región, pidió “un plan nacional por la salud” que aborde condiciones laborales, planificación y equidad territorial, aunque cuestionó la estrategia sindical: “Creo que se están equivocando con la huelga, aunque tengan razón”.

Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, fue mucho más crítica con el documento y reprochó que el texto se presentara sin un trabajo previo con los ministerios de Hacienda y Trabajo. “Se ha llevado a la calle algo que no se había trabajado técnicamente”, afirmó, defendiendo que la reforma debía haberse construido desde el diálogo interterritorial.

Para Manuela García, consejera de Sanidad de Islas Baleares, la ministra lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar de forma coherente. “No puedes hacer un relato antes de sentarte a trabajar y ese es el problema de la ministra Tenemos una situación con la que nadie ha estado de acuerdo. Nosotros no hemos participado y somos fundamentales”.

En el fondo, el mensaje fue coincidente: el malestar médico no es solo salarial. Tiene que ver con reconocimiento, liderazgo clínico y modelo organizativo.

Colaboración público-privada: el debate ideológico frente a la realidad asistencial

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) por el que limita la gestión sanitaria privada de centros sanitarios públicos. Y, como no podía ser de otra forma, esta medida fue otro de los ejes centrales del debate con la defensa de un modelo mixto por parte de todos.

Matute afirmó que “el disparate en el que estamos metidos, por poner a una ministra sectaria en vez de a una experta en gestión, es el problema”. Para la consejera madrileña el anuncio “es un paripé para hacer política”. Por ello, continuó, “en esta ciudad de las tres culturas tenemos la oportunidad de estar a gusto, con diferentes puntos de vista, sentarnos y hablar de lo que nos une a todos. Estamos hartos del humo y artificios que no nos llevan a nada”.

La consejera madrileña finalizó este tema recordando que el fin de la medicina es el paciente, “pero el que realmente sostiene el sistema de salud somos los médicos”. Por ello, defendió la colaboración como herramienta de eficiencia: “En cualquier democracia, el modelo público-privado aporta excelencia y capacidad de respuesta”.

José Luis Bancalero, consejero de Sanidad de Aragón trasladó la discusión al terreno demográfico: “Somos el 10% del territorio con el 3% de la población; sin esa colaboración sería imposible vertebrar la asistencia”. Para el consejero aragonés, el mayor problema que tiene la sanidad es el déficit de profesionales, pero “la ministra en vez de resolver eso pone más palos”. Por ello, “rompo una lanza por el modelo público-privado. Hemos conseguido llevar la asistencia a esas zonas despobladas gracias a ella”.

En esta misma línea se expresó Manuela García, recordando que esta colaboración es fundamental en su región donde, durante tres meses “se nos triplica la población ¿qué hacemos con toda esa gente para darle servicio?”.

Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, rechazó la dicotomía simplista: “Aquí no hay pública ni privada; hay sanidad buena y sanidad mala”. Gómez recordó venir de una comunidad que hace uso de esa colaboración, por lo que calificó la ley como “una ocurrencia más de la ministra. En el momento en el que utilizas la sanidad para hacer ideología, estás sectarizando y la sanidad no va de esto, va de eficacia, eficiencia, calidad asistencial…”. En esta misma línea, Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, pidió evitar máximas: “Flaco favor nos hacemos si nos lanzamos ataques unos a otros”. Para el consejero castellanomanchego, “utilizar la sanidad como palanca para hacer daño es un error”.

Esther Monzón, consejera de Sanidad de Canarias, recordó que “el paciente no distingue quién paga la nómina, distingue cómo le atienden”, mientras que María Martín, consejera de Sanidad de La Rioja, calificó el debate como “un trampantojo” que desvía la atención del verdadero problema: la falta de recursos humanos.

Agresiones: un consenso sin matices

Si hubo un punto de acuerdo prácticamente unánime fue el de las agresiones a sanitarios. Tomás Cobo reclamó mayor contundencia legal: “Aún estamos muy pobres en la protección real del profesional”.

Bancalero apuntó que “el Código Penal no recoge que cueste lo mismo pegar a un médico que a un guardia civil”, mientras que Monzón explicó que en Canarias se trabaja para que los jueces puedan dictar órdenes de alejamiento efectivas: “Tenemos que unirnos con el poder judicial para proteger de verdad al profesional”.

Financiación e infrafinanciación: el límite presupuestario

La financiación autonómica volvió a aparecer como elemento estructural. Los consejeros de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha recordaron su situación: Pedreño insistió en la equidad: “Un ciudadano de Murcia tiene los mismos derechos que uno de Madrid”. Por su parte, Fernández Sanz advirtió que no se pueden ampliar prestaciones sin revisar el modelo financiero y Monzón recordó que la sanidad absorbe en torno al 40% del presupuesto autonómico y aun así “no llegamos”.

Por ello, la consejera de La Rioja recordó que antes de hablar de financiación hay que hablar de eficacia y eficiencia, “ponernos de acuerdo en quien tiene que tener qué. Somos la comunidad más pequeña, no tenemos que tener de todo, tenemos convenios con País Vasco y otras comunidades en aras de la igualdad, todos los españoles tienen que acceder a lo mismo, pero no tiene que ser en su territorio”.

César Pascual lanzó una advertencia pragmática: “No penséis que porque mejore la financiación vais a tener menos problemas; vais a tener los mismos si no gestionamos mejor”.

Cambio de paradigma: de la enfermedad a la salud

Más allá de los conflictos coyunturales, el debate dejó una línea estratégica compartida: evolucionar hacia un modelo centrado en la prevención y la salud comunitaria.

Marciano Gómez defendió la medicina preventiva: “La enfermedad es, en cierto modo, el fracaso de la medicina”. Por su parte, Fátima Matute insistió en que “gastar más no es gastar mejor”, aunque reconoció la infrafinanciación.

Caamaño apostó por reforzar el liderazgo en Atención Primaria y adaptar la legislación a la innovación tecnológica.

El Sistema Nacional de Salud no salió de Toledo con una solución cerrada, pero sí con algo menos habitual en el clima actual: la constatación de que, incluso en el desacuerdo, es posible debatir sin convertir la sanidad en campo de batalla.

 

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