Por Nuria Cordón
5 de noviembre de 2024La crisis del modelo Muface, que en la actualidad da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios en nuestro país, no parece tener una solución a corto plazo. Después de que las tres aseguradoras que formaban parte del actual concierto (Adeslas, Asisa y DKV) comunicaran, minutos antes de cumplirse el plazo dado por el Gobierno, que no se presentarán a la nueva licitación, porque “las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial”, es el Gobierno, concretamente el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, quien tiene que mover ficha.
Por el momento, desde la mutualidad han lanzado un mensaje tranquilizando a los asegurados en el que aseguran que “seguirán garantizando la atención sanitaria a todos los mutualistas, tanto titulares como beneficiarios”, en las mismas condiciones actuales hasta el próximo 31 de diciembre de 2024.
Las condiciones publicadas por el Gobierno para la nueva licitación alcanzaban los 1.337 millones de euros y dentro de dos, 1.344 millones. Respecto a la prima, el incremento supone el 17,12%, “la mayor de la historia desde que existen registros homologables”, según el Ministerio. Este porcentaje se distribuiría en un 16,5% en 2025 y en un 0,62% en 2026 y la media anual por mutualista pasaría de 1.032,12 a 1.208,81 euros dentro de dos años, lo que supone un aumento por asegurado de 176,69 euros.
Este incremento propuesto por el Ministerio no parece ser suficiente para las aseguradoras. Por ello, en el caso de que no saliera adelante la licitación para el año que viene, las consecuencias para el Sistema Nacional de Salud son, según la mayoría de los actores del sector, insostenibles. De acuerdo con el informe “Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario”, publicado por la Fundación IDIS, la desaparición del mutualismo en nuestro país y, por tanto, un modelo de cobertura 100% pública incrementaría, por un lado, las visitas a Atención Primaria un 2%, es decir, habría 5 millones más. También se vería afectada la ratio de urgencias. En lo referente a las listas de espera, aumentarían un 266% para consultas externas y un 115% en cirugías.
En lo referente a la red hospitalaria, según IDIS, se tendrían que añadir 3.975 camas; un 3,8% más de su capacidad actual a nivel nacional. Y, en términos de gasto, el cambio del sistema sanitario supondría un aumento de 1.214 millones de euros anuales, un 1,3%. “Más allá de estas repercusiones, hay otras que tienen que ver con el empleo y el impacto en la actividad privada”, subrayaba Marta Villanueva, directora general de IDIS en la presentación de este estudio. En concreto, el informe estima una pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo en el sector sanitario privado. Asimismo, la merma del número de asegurados mutualistas provocaría la reducción de la utilización de camas privadas y esto llevaría al cierre de centros hospitalarios en algunas provincias.
Según el mismo informe, el número total de mutualistas es de 2.413.793, de los cuales 1.680.000 han elegido seguro privado. Pero la distribución por provincias es desigual. Así, la cuota de mutualistas es mayor en Ávila (28%), Jaén (27%), Zamora (26%) o Murcia (26%), mientras que los territorios con menos mutualistas son Vizcaya (5%), Barcelona (5%) o Guipúzcoa (7%). Esto significa que, de desaparecer las mutuas de funcionarios algunas provincias podrían vivir un colapso de su sistema sanitario al tener que asumir a más del 25% de la población que recurría a la privada.
Según el mismo informe, el modelo actual de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y su desaparición supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266% para consulta externa y del 115% para una intervención quirúrgica.