FACME propone convertir la financiación provisional en una vía real de acceso precoz a los medicamentos

El Ministerio de Sanidad abrió hace un poco más de un mes el trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto que actualizará el sistema de financiación y fijación de precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. El plazo para que ciudadanos, entidades y sectores implicados presentaran observaciones concluyó el pasado 21 de julio, después de que el departamento planteara una reforma orientada a mejorar la transparencia, acortar los tiempos de decisión y vincular la financiación al valor real aportado por los tratamientos.

La norma establece por primera vez un marco específico para regular la incorporación de medicamentos y terapias con fondos públicos. Entre sus principales novedades figuran un plazo máximo de seis meses para resolver la financiación de medicamentos innovadores, una vía simplificada de 30 días para genéricos y biosimilares y un sistema de precios dinámicos destinado a favorecer una reducción progresiva de los costes cuando finaliza la exclusividad de mercado.

En este contexto, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha presentado sus alegaciones al proyecto. Las propuestas han sido elaboradas por su Grupo de Trabajo de Medicamentos y consensuadas por las 46 sociedades científico-médicas que forman parte de la organización, con el objetivo de reforzar la calidad técnica del procedimiento y facilitar un acceso más ágil y equitativo a la innovación.

Una de sus principales peticiones es transformar la denominada financiación provisional en una verdadera vía de acceso precoz dentro del SNS. FACME considera que este mecanismo debería permitir que determinados pacientes reciban de forma temprana, restringida y equitativa medicamentos que ya cuentan con autorización de comercialización, pero todavía no disponen de una decisión definitiva sobre su financiación.

Esta posibilidad se reservaría para tratamientos que aporten un beneficio relevante para la salud y para situaciones en las que el paciente no pueda esperar a que concluya el procedimiento ordinario. La Federación plantea que el acceso anticipado se active cuando exista una necesidad médica no cubierta y siempre bajo criterios que garanticen una utilización responsable y homogénea en todo el sistema sanitario.

FACME también propone regular de forma expresa la financiación excepcional de medicamentos y otros productos destinados a atender circunstancias clínicas singulares. Esta vía permitiría valorar individualmente los casos en los que no existan alternativas eficaces o cuando las disponibles estén contraindicadas, no sean toleradas o resulten inadecuadas para la situación concreta del paciente.

La organización entiende que este procedimiento debe contar con garantías suficientes para evitar desigualdades entre territorios. Por ello, reclama que las condiciones de acceso excepcional estén claramente definidas y puedan aplicarse de forma uniforme en todo el SNS, sin depender del lugar de residencia del paciente o de decisiones aisladas de cada centro sanitario.

Otro de los ejes de las alegaciones es la participación del conocimiento clínico especializado en la evaluación de los medicamentos. FACME solicita que el Ministerio consulte a expertos designados por las sociedades científico-médicas implicadas durante la elaboración de los informes técnicos de financiación y precio.

También plantea que esos especialistas puedan ser escuchados en las discusiones del grupo encargado de adoptar las decisiones, siempre con la correspondiente declaración de intereses. La Federación considera que esta participación permitiría incorporar de forma más estructurada la experiencia de quienes conocen directamente la enfermedad, el tratamiento y las necesidades reales de los pacientes.

En cuanto a los criterios de evaluación, la organización pide que se tengan en cuenta no solo variables tradicionales, sino también la capacidad funcional, la autonomía personal, la prevención de la dependencia y de la institucionalización y la calidad de vida relacionada con la salud.

Las alegaciones también inciden en la necesidad de mejorar la información que la Administración facilita a los médicos prescriptores. FACME considera que los profesionales deben conocer no solo si un medicamento está financiado, sino también los criterios y la justificación que sustentan la decisión adoptada.

Para ello, propone desarrollar vías de comunicación pública y herramientas que permitan acceder de forma sencilla a esta información y faciliten su comprensión tanto por parte de los médicos como de los pacientes.

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