El Congreso rechaza tramitar una ley para mejorar la protección de los sanitarios ante las agresiones

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Partido Popular para contar con un marco regulatorio específico que proteja a los profesionales sanitarios y refuerce su seguridad ante agresiones y situaciones de violencia.

El texto de la iniciativa, que ha defendido la diputada popular Elvira Velasco, proponía regular las medidas mínimas y básicas que debe implantar el empleador, público o privado, en los centros de trabajo, con el fin de "garantizar la seguridad y salud del personal sanitario" y de "prevenir y evitar el riesgo de sufrir daños por actos de violencia infligido por terceras personas".

Además, proponía implantar sistemas de videovigilancia en pasillos, salas de espera y de admisión y dispositivos de alarma sonoros en consultas, así como la inclusión en la historia clínica del paciente de "sus antecedentes como sujeto activo de violencia sanitaria" y la creación de un registro nacional de actos de violencia en el ámbito sanitario por parte del Ministerio de Sanidad.

Estas y otras medidas buscaban poner fin a las situaciones violentas que vive el personal sanitario y que, tal y como ha recordado Velasco en su intervención, dejaron en 2023 14.657 notificaciones de agresiones; un 57% en Atención Primaria y un 43% en atención hospitalaria.

"La realidad de los datos sobre las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud nos indica que se incrementan año tras año y supone un problema de gran relevancia que no sólo afecta a la integridad física y bienestar de la persona que desempeña su actividad profesional en el ámbito sanitario, sino que también provoca una disminución de la calidad y la cohesión del sistema sanitario en España", ha manifestado Velasco.

Durante el turno de fijación de posiciones, el parlamentario Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), ha apuntado a las medidas que se han ido poniendo en marcha en los últimos años para paliar la violencia en el ámbito sanitario y ha indicado que estas "no han sido suficientes". Por ello, ha instado a seguir actuando al respecto y ha mostrado su apoyo a la tramitación de la ley.

Néstor Rego, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), ha señalado que las medidas incluidas en la proposición de ley "son claramente parciales e insuficientes", aunque ha expresado su acuerdo con muchas de ellas. En esta línea, ha resaltado que "el PP evita ir a las causas" de la violencia y, por tanto, no aporta soluciones que vayan a la raíz de los problemas.

Del mismo modo, la diputada Noemí Santana, de Podemos, ha subrayado la necesidad de comprender cuáles son las causas de la violencia y ha insistido en que estas residen en una sanidad pública "herida, con urgencias colapsadas, personal médico y enfermeras totalmente agotados y gente que literalmente muere esperando para ser atendido".

En este punto, ha responsabilizado al Partido Popular y a sus "políticas neoliberales" de esta situación. "Y todo esto es consecuencia de la gestión del Partido Popular en las comunidades autónomas. Porque, sí, en la mayoría de las comunidades autónomas gobiernan ustedes. ¿Qué ha pasado? Pues que lo que debería haberse invertido en la sanidad de todos, en la sanidad pública, se ha desviado a la sanidad privada", ha denunciado.

"No ofrece ningún tipo de protección adicional"

Por su parte, Maribel Vaquero Montero, del PNV, ha recordado que esta proposición de ley ya fue presentada en 2022 y que, igual que en aquel momento, su partido no la apoya. Según ha dicho, "no ofrece ningún tipo de protección adicional" respecto a las medidas ya iniciadas por diferentes administraciones.

El diputado de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, ha justificado la negativa de su partido aludiendo a que la competencia de establecer este tipo de medidas corresponde a las comunidades autónomas. Además, ha destacado que "si analizamos qué propuestas siguen trayendo una y otra vez (en referencia a la proposición ya debatida en 2022), la intencionalidad no es eliminar, incluso ni reducir, es un intento de utilizar este problema como una pelota de viene y va sin buscar la manera de solucionarlo".

A la reivindicación de las competencias de las comunidades autónomas se ha sumado el parlamentario Josep Maria Cervera, de Junts per Catalunya. "Queremos recordarles que la gestión del sistema sanitario es una competencia transferida a las comunidades autónomas y, en el caso de Cataluña, nuestros sistemas sanitarios tienen un marco propio y unas particularidades que, si quieren nuestros votos, deben ser respetadas, cosa que reiteradamente el grupo popular olvida y no tiene en cuenta", ha referido.

También en contra se ha posicionado Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en cuya intervención, Etna Estrems ha señalado que la cuestión de la violencia contra los sanitarios debería abordarse "desde la proximidad", para hacer frente a las realidades propias de cada territorio, algo sobre lo que tienen "dudas" de que el Partido Popular sea consciente. Asimismo, ha insistido en que cada autonomía y centro ya cuenta con herramientas "más que suficientes".

Desde Vox, David García ha ampliado la crítica a todos los "malos gobiernos" que han ostentado el poder en España y que "han destrozado" el sistema sanitario. Así, ha calificado de "políticas fallidas" aquellas que han puesto en marcha tanto PP como PSOE. "Las agresiones a nuestros sanitarios han aumentado y no ha habido una respuesta contundente y no ha habido una campaña nacional de prevención y protección que merezca tal nombre", ha manifestado.

Por último, Carmen Martínez, del PSOE, ha reiterado las medidas puestas en marcha en los últimos años, como el Observatorio de la Organización Médico-Colegial, el Grupo de Trabajo Técnico para el análisis y estudio de las agresiones de los profesionales del SNS o la figura del Interlocutor Policial Territorial, y ha subrayado que estas no son suficientes. "Le reconozco que la suya es una propuesta bien intencionada, eso no lo voy a cuestionar, pero hacer una ley específica solo para sanidad mientras sus líderes autonómicos se empeñan en desgastarla, no creemos que sea la solución al problema", ha apuntado añadiendo que se ofrecen a seguir debatiendo sobre este asunto.

 

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