Por Pedro Martínez
22 de noviembre de 2024Los sindicatos sanitarios han interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Consejería de Sanidad madrileña. En ella reclaman una indemnización de 5 millones de euros por el incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales en la Atención Primaria. ‘‘Todos los días se les tose, se les toca, se les estornuda… y no tienen plan de riesgo’’, aseguran los demandantes.
La demanda colectiva ha sido interpuesta por los sindicatos AMYTS-SAE, SIETeSS CAM, CSIT Unión Profesional, UGT, CCOO, SATSE, CSIF Y APSeMueve. El escrito presentado recoge a más de 15.000 trabajadores de Atención Primaria, alegando que la Comunidad de Madrid, ‘‘lleva desde 1995 incumpliendo la ley que obliga a establecer un mapa de riesgos, una planificación preventiva y un plan de prevención de riesgos laborales para sus profesionales’’. En la demanda se alega que los profesionales sufren problemas de salud físicos y mentales derivados los riesgos laborales que asumen en sus lugares de trabajo.
La demanda colectiva reclama 5 millones de euros en indemnizaciones, que no descarta tomar acciones individuales, pudiendo suponer 8.000 euros por cada uno de los 15.000 trabajadores, alcanzando una suma total de 120 millones de euros. Además, los sindicatos exigen 100.000 euros de multa diarios hasta que la Comunidad de Madrid no se siente a negociar un plan con ellos.
Desde la Consejería de Sanidad, dirigida por Fátima Matute, quieren puntualizar que, ‘‘ya existe una Plan contra las situaciones de riesgo psicosocial desde el año 2019’’. También explican que las medidas desarrolladas en aquel momento ‘‘se vieron frenadas por la pandemia en 2020’’.
El pasado mes de junio, la Consejería celebró un comité extraordinario en el que prestaba el Plan Psicosocial y de Protección Laboral, una estrategia de acción preventiva que recoge 197 medidas destinadas a reducir al mínimo las situaciones de riesgo laboral en los centros de Atención Primaria. Los datos emitidos desde la Consejería apuntan que, gracias a esa estrategia, se han reducido en un 7% las agresiones a los profesionales en AP respecto al 2023.
Otro de los datos positivos que se aportan desde la Consejería es la reducción en la carga de trabajo, gracias al descenso del 40% de las vacantes de medicina de Familia de enero a septiembre de este año. También apuntan a la formación de 2.800 profesionales en aspectos de riesgo psicosocial y la instalación de cámaras de seguridad en 70 centros de salud reforzando el control y seguridad en todos los dispositivos de Atención Primaria, y en específico en los Puntos de Atención Continuada.
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