Por Medicina Responsable
26 de junio de 2026El Congreso de los Diputados vuelve a poner sobre la mesa el debate de entre la transparencia y el acceso a la innovación en el ámbito de los medicamentos durante la tramitación parlamentaria de la iniciativa para garantizar un cribado neonatal homogéneo en toda España.
Y lo hace incorporando una enmienda transaccional destinada a reforzar la confidencialidad de las condiciones económicas pactadas entre la Administración y las compañías farmacéuticas para la financiación de medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS).
Esta medida ya había sembrado la discordia en ocasiones anteriores ya que quienes la apoyan defienden que permite negociar descuentos más elevados con los laboratorios y evita que el precio reducido pactado en España sea utilizado por otros países para exigir el mismo descuento.
Sin embargo, quienes son más críticos con ella sostienen que reduce la transparencia en el uso del dinero público, limita la capacidad de evaluación independiente sobre si el precio acordado es adecuado y dificulta conocer cuánto paga realmente el sistema por cada fármaco.
El debate sobre la información pública
En este sentido, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha denunciado que se trata de una reforma "metida por la puerta de atrás, sin debate específico". "Lo que hoy se vota es una reforma que blinda también por ley el secreto sobre el precio real que las administraciones públicas pagan a las multinacionales farmacéuticas por medicamentos financiados con dinero de todos", ha lamentado el diputado de Podemos.
Tras ello, el diputado de Sumar Rafael Cofiño ha defendido que la enmienda, aunque a primera vista pueda parecer contraintuitiva, constituye un "paso imprescindible" para protegerse frente a la cláusula de nación más favorecida impulsada por Donald Trump y favorecer la comercialización temprana de medicamentos en España.
No obstante, Cofiño ha subrayado que tanto las organizaciones como las asociaciones de pacientes o cualquier persona física pueden solicitar la intervención de los mecanismos correspondientes para activar procesos de investigación, supervisión o transparencia, de modo que los órganos competentes revisen posibles irregularidades.
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