Por Juan García
12 de junio de 2026Esta semana ha sido una de las más aciagas desde que se iniciara la reforma del Estatuto Marco hace año y medio. El Ministerio de Sanidad ha constatado el rechazo desde todos los frentes que tiene para sacar adelante esta norma, tras sacar el texto a audiencia pública. Al conflicto médico con las sucesivas convocatorias de huelga se ha sumado el frente común de las consejerías de sanidad autonómicas frente a la gestión ministerial del conflicto y la indignación recientemente expresada por los únicos actores que respaldan su tramitación, los sindicatos del Ámbito de Negociación.
Llegados a este punto, el conflicto se desarrolla a varios niveles: el Ministerio y las comunidades se achacan mutuamente la responsabilidad y capacidad de desbloquear la disputa, mientras los sindicatos médicos y del Ámbito se mantienen en posturas opuestas por cuestiones como la negociación propia para los facultativos o la clasificación profesional, al tiempo que rechazan el texto de Sanidad. El próximo lunes se avecina la quinta y última semana de huelga médica antes de un receso durante el verano del que los sindicatos advierten, no obstante, que pueden regresar con una escalada del conflicto. A esto cabe añadir la dificultad que tendrá que salvar el Gobierno para sacar adelante la ley en su fase de tramitación parlamentaria, dada la fragilidad de las relaciones con los socios del Ejecutivo.
La negociación del Ministerio con el Comité de Huelga médica lleva meses anclada en los mismos puntos y el desencuentro con las consejerías, que también viene de atrás, se vio escenificado en el Consejo Interterritorial de este pasado miércoles. Todos los consejeros autonómicos -a excepción de Cataluña, que muestra su apoyo parcialmente- han suscrito un manifiesto en el que achacan la responsabilidad del conflicto con los médicos “exclusivamente” al Ministerio y reclaman alcanzar un acuerdo de ámbito nacional para resolverlo.
El descontento en ambos frentes, aunque redoblado en estos días, no es una novedad. Sin embargo, la reacción de los sindicatos Satse y CSIF a la publicación del texto tras pasar por el Consejo de Ministros, que califican de “traición institucional” por haber eliminado cuestiones pactadas con ellos, ha abierto un nuevo frente de batalla para Sanidad. Desde estas organizaciones han llegado a amenazar con convocar movilizaciones, aunque Sanidad les ha pedido “tranquilidad” para incluir los puntos pendientes con la intervención de los demás ministerios implicados.
El interterritorial de la discordia
Este viernes, la ministra Mónica García ha insistido en defender que “el Ministerio ha hecho su parte” y que ahora son las comunidades autónomas las que deben asumir la suya. García viene reiterando que son ellas quienes tienen la "llave" para desbloquear el conflicto, aunque esta es ina postura que choca frontalmente con la expresada por las consejerías, que apuntan a Sanidad como desencadenante de esta situación por su “incapacidad para alcanzar un acuerdo”. Varios consejeros coincidieron en señalar a la salida del Interterritorial que la ministra se ha quedado “sola” en la tramitación de este proyecto.
Por su parte, García les ha afeado su negativa a abordar las demandas pendientes de los médicos en el Interterritorial y les reprocha una actitud que considera “contradictoria”. “Lo que pusimos sobre la mesa son las medidas materiales que están reivindicando los profesionales, que no tienen que ver con cosas abstractas sino con cosas concretas: reducir la hora de la guardia, tener mesas propias para el diálogo y la participación de los médicos, tener 35 horas de jornada ordinaria. Todas esas materializaciones son competencia de las comunidades autónomas”, ha aseverado la ministra en rueda de prensa.
En esta línea, ha defendido haber abordado “la reforma laboral sanitaria más ambiciosa que se puede abordar desde las competencias del ministerio, desde las competencias estatales”.
En medio de esta disputa, los sindicatos médicos vienen desarrollando una estrategia de movilización tanto a nivel nacional como autonómico, con llamadas al paro simultáneas a ambos niveles. Los representantes de los facultativos buscan cabida a sus demandas en ambas administraciones con reproches a ambas bandas. Estas pasan por la creación de un ámbito de negociación exclusivo para los médicos con el que alumbrar una norma regulación específica para reconocer la penosidad del ejercicio médico, establecer la jornada de 35 horas semanales al igual que para el resto de profesionales y remunerar y limitar las guardias como horas extraordinarias.
El Comité de Huelga, mientras se mantiene a la espera de nuevos encuentros con Sanidad, ha rechazado también los últimos argumentos esgrimidos por el Ministerio a través de una carta, desmintiendo punto por punto las aseveraciones del escrito. Así, ha acusado al departamento de García de "eludir su responsabilidad negociadora".
El conflicto se ha recrudecido en los últimos días y el futuro de su resolución apunta incierto ante la manifiesta oposición expresada por los agentes implicados.
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