Menos burocracia y más ayuda a domicilio: estas son las claves de las nuevas leyes de discapacidad y dependencia

Solo falta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que las nuevas leyes de dependencia y discapacidad sean una realidad. Las normas, aprobadas en el Congreso de los Diputados, han sido reformadas con el objetivo de ampliar los servicios y prestaciones a los que tienen derecho las personas con discapacidad y en situación de dependencia, así como sus cuidadores.

“Es la mayor reforma del sistema de dependencia en el país en décadas. Es un antes y un después en el sistema de cuidados en España y un paso de gigante hacia un nuevo modelo”. Así definió este miércoles el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la aprobación de los cambios que se tramitó en el Congreso de los Diputados.

Uno de los más importantes se centra en la atención en el hogar. Así, las nuevas leyes lo priorizan por delante de los centros de día y residencias, y definen la teleasistencia como un derecho universal para el colectivo dependiente. Además, se amplía la ayuda a domicilio, de tal manera que este servicio ya no se presta solo entre las cuatro paredes de la vivienda, y se incluyen tareas como hacer la compra o acompañar al médico.  

Otro de los cambios es la reducción de plazos para reconocer prestaciones, que pasa de seis a tres meses. Además de reducir la burocracia, se unifican los trámites para el reconocimiento de la dependencia y de la discapacidad. Así, habrá uno automático de un 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia. Las que obtengan un II o III podrán ser reconocidas con el 65%. Durante el debate en el Congreso, el ministro Bustinduy aseguró que el objetivo es reducir a la mitad la lista de espera en 2027 y lograr su desaparición en 2028.

En cuanto a la atención temprana, las normas la garantizan a todos los niños de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo o con riesgos de desarrollarlos. El nuevo texto indica que las familias han de exigir a su comunidad autónoma esta prestación independientemente de las plazas disponibles que haya.

Ampliar el concepto de cuidador ha sido una de las demandas del colectivo en los últimos años, y se ha escuchado. Con la reforma, esta figura ya no será solo reconocida a un familiar, también a convivientes sin lazos sanguíneos, amigos y vecinos. De esta manera, podrán recibir ayudas económicas por cuidado. Además, la reforma garantiza que, en caso de enfermedad grave u hospitalización de los cuidadores, el Estado continuará abonando las cotizaciones.

Eliminación de incompatibilidades

En lo referente a la accesibilidad, la norma establece que las personas con discapacidad puedan reclamarla en servicios o en edificios públicos. Para ello, se redactará el Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, con el fin de que se financien las intervenciones que sean necesarias. Además, se reformará la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas, y que las comunidades de propietarios tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes lo solicita.  

Otro de los puntos importantes es la eliminación de incompatibilidades en servicios. Con ello, se garantiza que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones sin que haya una incompatibilidad entre ellas.  

La figura del facilitador procesal queda regulada en la reforma. Por lo que las personas discapacitadas y dependientes que lo necesiten contarán con este profesional para que les asista en procesos judiciales. Finalmente, se prohíbe por ley la práctica que llevan a cabo algunos seguros de hogar o de salud de subir el precio cuando la persona que quiere contratarlos tiene una discapacidad.  

Una reforma que sigue sin convencer

Aun así, esta reforma no ha convencido a algunas asociaciones de pacientes, como adELA (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), que ha calificado la reforma como un "varapalo" por haberse vetado las mejoras que habían introducido en su tramitación ante el Senado y rechazado varias enmiendas que, como señalan, “suponían un avance social y mejora para las personas dependientes y, en particular, beneficiaban directamente a nuestros enfermos”.

 “Asistimos nuevamente a un varapalo en los derechos de nuestros enfermos a vivir dignamente y a mejorar su calidad de vida”, han lamentado en un comunicado.

Entre estas medidas rechazadas por la Cámara Baja, están la reducción del IVA al 4% para las personas en situación de dependencia o discapacidad que necesitan adaptar su vivienda o su vehículo con motivo de su enfermedad. Tampoco se ha aprobado la ampliación de prestaciones a personas con hijos dependientes que eligen reducir su jornada laboral para centrarse en su cuidado. “Si la propuesta que aprobó el Senado era extender desde los 23 a los 26 años estas prestaciones, ahora se rechaza en el Congreso. Solo recordar que la ELA, desgraciadamente, también alcanza a los niños y niñas”, han subrayado desde adELA.

En cuanto a la mejora anunciada en el tratamiento de la situación tributaria de las personas dependientes, tampoco ha seguido adelante. “Hay que recordar que la ley ELA reconoce el 33% de discapacidad desde el diagnóstico de la enfermedad. La negativa les impide poder beneficiarse de las ventajas fiscales en su declaración”, han explicado.

“Nuestros pacientes y sus familias no entienden que se alegue un incremento del gasto para no aprobar estas mejoras sociales, porque precisamente las personas con ELA lo que padecen, además de una cruel enfermedad, son las dificultades económicas graves que les ocasiona y que les hacen todavía más difícil su supervivencia y vivir con una calidad de vida y dignidad que les garantizaba la ley ELA, y que casi dos años después de su aprobación está muy lejos de conseguirse”, han manifestado.

A pesar de esta piedra en el camino, la asociación ha asegurado que seguirán reclamando “una financiación real para la ley ELA". “Si queremos una sociedad, que atiende a las personas enfermas y dependientes con políticas sociales reales, claramente requiere medidas económicas y de apoyo. Es una cuestión de verdadera solidaridad y desde adELA seguiremos impulsando medidas que contribuyan a ello y denunciando las situaciones como las que ahora se están produciendo y perjudican los intereses de los pacientes y sus familias”, han concluido.

 

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