Por Juan García
9 de febrero de 2026La rama sanitaria de la Confederación Intersindical Galega (CIG-Saúde) se ha desvinculado de la huelga convocada por los sindicatos médicos a partir del próximo 16 de febrero por su desacuerdo con las reivindicaciones de estas formaciones. Aunque esta formación reitera su rechazo al Estatuto Marco acordado en el Ámbito de Negociación y comparte la reivindicación de mejorar las condiciones laborales de “todos los profesionales de la salud pública, incluyendo el personal médico”, se muestran en contra de las razones que motivan la huelga médica.
A través de un comunicado, este sindicato señala que “no comparte las razones ni apoya esta convocatoria, ya que no defiende la salud pública, sino que contribuye a la división del personal y no servirá para cambiar las condiciones laborales”. A este respecto, argumentan que las demandas de los médicos exceden las competencias del Ministerio y entran en el ámbito autonómico. “Hay condiciones laborales que no se negocian a nivel estatal, porque son responsabilidad de los servicios de salud de cada comunidad y, por lo tanto, no cambiarán tras esta huelga”, señala la secretaria nacional de este sindicato, Ana Lestón. Entre ellas enumeran aspectos como la sobrecarga y burocratización en Atención Primaria, los cupos de pacientes, las tasas de reposición o la regulación del modelo horario.
El rechazo a la huelga también lo argumentan en base a lo que entienden como respuesta a “intereses corporativos y de la sanidad privada, ya que uno de los principales objetivos es eliminar la dedicación exclusiva”. Frente a la reclamación de los médicos de crear un estatuto propio para la profesión, este sindicato aboga por un Estatuto Marco común “que permita defender los derechos del personal médico y sanitario con sus particularidades, en igualdad de condiciones que el resto del personal estatutario”.
No en vano, se mantienen en su rechazo al texto acordado entre el Ministerio de Sanidad y el resto de sindicatos del Ámbito de Negociación por entender que “no cumple los objetivos establecidos al inicio de la negociación”. “Desde CIG-Salud exigimos una jornada laboral, tanto ordinaria como de guardia y continua, regulada, que garantice los descansos, la conciliación familiar y personal, y la protección contra el agotamiento profesional, con un límite de 35 horas semanales de jornada máxima”, añade Lestón a este respecto.
“La sobrecarga de trabajo y la frustración de los profesionales es responsabilidad del Departamento y no se resuelve en la negociación del Estatuto Marco, sino en el enfrentamiento contra las políticas de recortes y avances privatizadores, que tienen como consecuencia este debilitamiento de nuestra salud pública y la precariedad de las condiciones de trabajo”, sostienen desde este sindicato.
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