Primeros ceses en el Ministerio de Transportes por la compra de mascarillas durante la pandemia

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el pasado viernes anunciaba la destitución de dos altos cargos de su Ministerio, el subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y el jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, por el caso Koldo. “Habida cuenta de la situación procesal en la que ambos se encuentran, espero que lo entiendan”, explicaba Puente en el Senado durante su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible convocada a petición del Partido Popular.

Así, el titular del Ministerio tomaba la decisión del cese después de que el pasado 29 de julio, tanto Gómez como Miranda, fueron imputados por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien ha citado a ambos a declarar el próximo mes de septiembre.

La auditoría, llevada a cabo por el Ministerio sobre la compra de mascarillas ha detectado irregularidades en el número de unidades adquiridas, el precio y la fecha de entrega del material, entre otros factores. Encargada el pasado 27 de febrero por el ministro de Transportes, evidenció que “el inicial encargo de adquirir cuatro millones de mascarillas por parte del Ministerio sufrió una variación al alza en un lapso de tiempo muy escaso, apenas 38 minutos entre una orden y otra, pasando estas de cuatro a ocho millones de mascarillas”.

Según recoge el informe publicado por el Ministerio, la modificación “no se ajusta a los criterio exigibles en una tramitación de estas características”. Los resultados obtenidos tras la auditoría reflejan que “no se considera adecuadamente resuelta la justificación del alcance-número de mascarillas a adquirir”, por lo que “no parece justificarse que, habiendo necesitado una cantidad de cuatro millones de mascarillas para 15 días naturales, duración del estado de alarma, en solo 38 minutos se duplique tal estimación”. Asimismo, el informe evidencia que los ocho millones de mascarillas coinciden con la oferta realizada por la empresa Soluciones de Gestión, empresa implicada en el caso Koldo.

Otro de los aspectos importantes recogidos por la auditoría y anunciados por Puente es el precio de las mascarillas, de 2,5 euros por unidad, dentro de un contexto en el que no había precio de referencia dadas las circunstancias y que, según ha detallado Puente, posteriormente se supo que el precio “estaba por debajo del medio mercado”.

En tercer lugar, la auditoría entiende que en ese momento de la pandemia existieran pocos proveedores para la compra de mascarillas. Aun así notifica que lo más adecuado habría sido realizar una búsqueda de más candidatos y, en su respecto, justificar por qué sí o por qué no se hizo.

Un cuarto aspecto comentado por el titular del Ministerio ha sido lo referente a la entrega de la mercancía. Según ha detallado, “a pesar de que las entregas se comprometieron para las horas inmediatas al encargo, estas se produjeron en cinco fechas distintas, siendo la primera de ellas el 28 de marzo y la última el 8 de mayo de 2023”. Es decir, el pedido no se entregó “en el periodo de 48 horas comprometido”, sino que se entregó en cinco fechas diferentes.

A este respecto, el informe detalla que no existe un acto formal de conformidad y liquidación del contrato de suministro, pero sí las actas de entrega de las mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión a Puertos del Estado.

Medidas 

Más allá de los ceses anunciados, el ministro de Transportes ha avanzado que establecerá la obligación de que las unidades tramitadoras hagan constar en los expedientes de adquisición el proceso de toma de decisiones sobre el adjudicatario y la concreción de los roles asumidos por todos los intervinientes de forma directa o indirecta, según recoge Europa Press. "Creo que con las medidas que vamos a adoptar, el Ministerio se pone a la cabeza en la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito público".

Quedan dudas

Después de tantas denuncias por compras irregulares o fraudulentas en la época de la pandemia sorprende que solo se encuentren irregularidades en el Ministerio de Transportes y no se diga nada del Ministerio de Sanidad. En este caso el problema sería de índole política ya que por entonces el titular de Sanidad era el hoy presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

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