
Por Clara Arrabal
23 de julio de 2026El conflicto por el Estatuto Marco vuelve a evidenciar la enorme brecha entre el Ministerio de Sanidad y los departamentos de salud regionales. Esta vez ha sido otro Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el escenario que ha mostrado la negativa de Mónica García y su equipo por comenzar de cero las negociaciones del reglamento laboral del personal estatutario, contra la exigencia de las comunidades autónomas por lo contrario.
"Consideramos que el proceso no ha logrado el consenso necesario entre las administraciones sanitarias, las organizaciones sindicales y el Ministerio de Sanidad. La ausencia de un acuerdo amplio sobre una norma de esta trascendencia aconseja abrir una nueva etapa de diálogo", ha expresado el conjunto de los territorios.
Además, lo ha hecho a través de una carta, como ya es habitual, firmada por todos los consejeros de las comunidades y las ciudades autónomas, algo que es una novedad y que añade presión al conflicto: por primera vez, Nabila Benzina Pavón, Consejera de Sanidad y Servicios Sociales en el Gobierno de Ceuta, y Fadwa Abelhadj, quien asume de forma temporal y por suplencia las competencias de Políticas Sociales y Salud Pública en la Ciudad Autónoma de Melilla, se han unido al manifiesto.
Esta llega tras el decálogo del pasado 9 de julio, en el que todos los dirigentes regionales cerraron filas en torno al consenso institucional, la reactivación de los órganos de coordinación interadministrativa y la realización de evaluaciones técnicas y memorias económicas, entre otros puntos. "Hemos demostrado que las comunidades autónomas estamos hermanadas y que lo que queremos es conseguir un sistema de salud a la altura de España", expresaba a Medicina Responsable Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid.
El punto clave de la misiva es el siguiente: "Solicitamos formalmente el reinicio de la negociación del Estatuto Marco desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del Sistema Nacional de Salud".
Además, los diferentes Gobiernos autonómicos argumentan que esta decisión se debe, entre otros motivos, al "impacto directo sobre la actividad asistencial y que compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada" provocado por la prolongación del conflicto laboral y de las convocatorias de huelga.
"Creemos que un Estatuto Marco, por su trascendencia para el presente y el futuro de nuestro sistema sanitario, solo puede salir adelante desde el máximo consenso institucional y profesional", alega la misiva, haciendo hincapié en que la relevancia del texto requiere "la implicación y el acuerdo de quienes tienen la responsabilidad de gestionarlo".
Además de la carta enviada a Sanidad, algunos consejeros no han perdido la oportunidad de pronunciarse tras la última reunión. En el caso del Principado de Asturias, Concepción Saavedra ha explicado que las comunidades son las responsables de la "gestión directa de la salud" en sus territorios y que, ejercitando esa responsabilidad, tienen la obligación de intentar solucionar un conflicto que "está perjudicando a los pacientes".
En este sentido, la consejera ha mostrado la disposición del Principado a tramitar la reforma del Estatuto Marco y a mejorar las condiciones laborales de los profesionales, respetando los acuerdos alcanzados con los sindicatos. Sin embargo, dada la importancia de la norma, ha pedido que se busque el "máximo consenso" y se reinicien las negociaciones para evitar la huelga anunciada en el sector.
Por su parte, la consejera de Salud de Murcia, Isabel Ayala, ha afirmado que, a su juicio, no se han producido avances para resolver un conflicto que se prolonga desde hace más de un año y ha advertido de que la convocatoria de una nueva huelga prevista para septiembre podría agravar esta situación.
Además, ha recordado que las sucesivas huelgas convocadas en torno al Estatuto Marco han supuesto en la Región de Murcia la suspensión de más de 142.000 consultas, de las que 57.595 corresponden a consultas externas hospitalarias y 84.960 a Atención Primaria, además de cerca de 2.000 intervenciones quirúrgicas y más de 10.000 pruebas diagnósticas. Según la estimación de la Consejería, el coste económico de estas movilizaciones asciende a 11,2 millones de euros.
En el caso de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, se ha referido a la necesidad de reiniciar el diálogo con las fuerzas sindicales para "desconvocar la huelga de médicos que desde hace meses mantienen activa" en contra de la reforma del Estatuto Marco.
Finalmente, el titular de Salud cántabro, César Pascual, que la ha calificado de "frustrante" el Consejo Interterritorial por ser la misiva "la tercera de estas características, e idéntica a las dos suscritas anteriormente por todas las comunidades". Pascual ha subrayado al respecto que el Estatuto Marco es "trascendental" para el presente y el futuro del sistema sanitario. "Cualquier otro escenario imaginable, sería desastroso para el SNS. Estamos viviendo en nuestras propias carnes el impacto directo y brutal sobre la asistencia sanitaria de un conflicto laboral enquistado", ha incidido.