ASPE, en contra de la Ley de Gestión Pública: “Es incompatible con el sistema constitucional”

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) considera que, a tenor del texto preliminar de la Ley de Gestión Pública anunciada por la ministra de Sanidad Mónica García, podría existir una invasión de competencias autonómicas y no respetarse los principios constitucionales de eficiencia. Según apunta la entidad, “son los gestores autonómicos quienes deben valorar y optar por aquella que mejor se adecúe a sus necesidades y principios de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera”. Ante esta situación, ASPE ha presentado un documento con diversas alegaciones, al que se han sumado todas las asociaciones territoriales de la sanidad privada en España. 

Reivindica el papel fundamental que “la sanidad privada representa dentro del sistema sanitario del país” y destaca “el “grave error” que supondría la limitación de los conciertos sanitarios o de modelos concesionales, por cuanto esto privaría al sistema público del acceso a la “experiencia, capacidad técnica, innovación y recursos” que el sector privado pone a disposición del sistema público de salud, en un momento además especialmente crítico debido a unas listas de espera en cifras récord semestre tras semestre.

Inexistencia de supuestos problemas 

ASPE también aborda una serie de supuestos problemas que menciona el proyecto de Ley y que sirven para justificar la nueva normativa. “La exposición de estos problemas viene precedida de un punto de partida que no resulta compatible con un sistema constitucional que descansa sobre la libertad de empresa y la economía de mercado, y que impone a la Administración la necesidad de ser eficiente”. 

A este respecto, ASPE rebate la afirmación contenida en el proyecto acerca de que la gestión indirecta, incluida en las fórmulas de colaboración público-privada previstas en la Ley 14/1986, General de Sanidad, y en la Ley 15/1997, sobre nuevas formas de gestión del SNS, da entrada a lógicas de funcionamiento relacionadas con los beneficios empresariales, destacando que la única lógica que guía el buen funcionamiento del sistema sanitario es “la atención eficiente a los pacientes”. 

Desmiente que la gestión indirecta suponga una pérdida de control en la gestión del servicio público por parte de la Administración, ya que “todas las fórmulas de colaboración incluyen importantes facultades de control” por parte de las administraciones competentes. 

Asimismo, destaca que no existe ningún “blindaje diferencial de los contratos con el sector privado que dé lugar a una doble repercusión de las restricciones presupuestarias sobre los hospitales de gestión directa”, tal y como se indica en el proyecto de Ley. ASPE argumenta que respetar los acuerdos firmados no es un “blindaje”.

La patronal también desmiente la afirmación de que la gestión indirecta supone la creación de sistemas paralelos de derivación, señalando que la concertación o concesión no priva a la Administración de derivar a los pacientes entre hospitales de su red, ya que la gestión del sistema sigue siendo su competencia y, además, la colaboración público-privada no impide a las comunidades autónomas poner en marcha sus propias políticas de gestión sanitaria.

Igualmente, ASPE destaca que la gestión indirecta no supone en modo alguno falta de transparencia en la liquidación de los pagos a las empresas prestatarias por parte de las administraciones, ya que estos están lógicamente regulados en los contratos y convenios y sometidos a todos los controles de legalidad y presupuestarios pertinentes. 

 

---