Asisa y Adeslas mantienen Muface a flote

Ha sido casi medio año de vaivenes e incertidumbre, pero, finalmente, la renovación de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) cuenta con dos candidatos para asumir la cobertura sanitaria de los mutualistas: Asisa y Adeslas. Durante este periodo de negociación, las aseguradoras han ido acercando al Gobierno hacia el terreno de sus demandas con un aumento progresivo de las condiciones económicas que se ha quedado incluso algo por encima de la cifra que habían pedido desde el sector al inicio de la crisis. Aunque el Gobierno defendía que las condiciones que ofertó en primera instancia eran las adecuadas, las aseguradoras se han impuesto en el pulso con la Administración, que ha modificado dos veces las condiciones de renovación. 

Si ningún inconveniente en el proceso lo impide, la formalización del nuevo concierto para el periodo 2025-2027 podría llegar en cuestión de semanas. Los siguientes pasos son la apertura de sobres con las ofertas presentadas por las aseguradoras para comprobar que cumplen los requisitos administrativos, económicos y de infraestructura para asumir la cobertura sanitaria de los funcionarios mutualistas. En caso de detectar algún impedimento, la administración abriría un proceso para subsanar errores, al igual que ocurrió para la renovación de Muface Internacional con Nueva Mutua Sanitaria. 

DKV deja a 200.000 funcionarios

Adeslas y Asisa anunciaron previamente su participación en el convenio tras la última modificación de las condiciones de licitación, que establecen una subida progresiva de la prima del 41,2% durante los tres años de vigencia del concierto con una dotación total por encima de los 4.800 millones. Estas dos compañías ya formaban parte, junto a DKV, del convenio actual, prorrogado por el Gobierno hasta que se resuelva la nueva licitación.

Tras quedar desierta la primera oferta de renovación del Gobierno, que recogía una subida de la prima del 17,2% en dos años, DKV había sido la compañía que más abiertamente había puesto cifra a su petición económicamente: una subida del 40%. Tras descartar participar primero y mostrar luego un renovado interés por las condiciones de la última oferta del Ejecutivo (que mejoraban su petición inicial), desde esta compañía han decidido finalmente no presentarse a la renovación.

Según la última memoria anual de Muface, correspondiente al año 2023, la cartera de esta aseguradora cubría a un 13% de los funcionarios de Muface, unos 200.000 asegurados. Para estos funcionarios, Muface ha informado que "tendrán un plazo para elegir otra de las entidades concertadas que resulten adjudicatarias del concierto, o bien optar por el servicio público de salud".

Fuentes de Asisa apuntan a este medio que esta remesa de pacientes que les vendrían procedentes de DKV no es un asunto que les preocupe, ya que en muchos casos los cuadros médicos son muy similares entre las aseguradoras, por lo que, en la práctica, buena parte de los usuarios “no tendrían que cambiar de médico”, sostienen. Por ello, mantienen que las condiciones actuales permiten ofrecer una “asistencia sanitaria de calidad” e insisten en la importancia de permitir la sostenibilidad del modelo a largo plazo. 
Disputa en el seno del Gobierno

Paralelamente a la negociación con las aseguradoras, la discrepancia sobre cómo abordarla también ha calado dentro del propio Gobierno. Mientras que, desde el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, el responsable de la negociación ha defendido siempre su voluntad de alcanzar un acuerdo; desde el Ministerio de Sanidad han abogado abiertamente por la liquidación del modelo con el trasvase de los funcionarios de Muface a la sanidad pública.

Tanto la ministra como el secretario de Estado se han expresado en esta línea en varias ocasiones, llegando a lamentar que el Gobierno lanzara la última oferta. El partido al que pertenecen ambos, Sumar, registró una proposición no de ley para aprovechar la crisis de renovación de Muface como catalizador para ese traspaso a la sanidad pública y el propio Ministerio elaboró un informe en el que apuntaba que esta opción era “viable y razonable”.

La presión de los sindicatos

Durante estos meses, los sindicatos han convocado manifestaciones en diferentes puntos de España para reclamar un acuerdo a ambos agentes, al tiempo que han denunciado retrasos y anulaciones de citas médicas por parte de las aseguradoras durante este periodo de incertidumbre en la prórroga. 

Desde el sindicato CSIF se arrogan parte del mérito del resultado positivo de las negociaciones en base a estas medidas de presión, aunque mantienen que estarán “vigilantes” ante el devenir del proceso y la atención que se preste a los funcionarios mientras se resuelve. 

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