La Asamblea de Madrid se opone a crear un registro de objetores de conciencia del aborto

La Asamblea de Madrid, con los votos en contra de PP y Vox, se ha opuesto a crear un registro de objetores del conciencia del aborto, como aprobó el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, en una proposición no de ley (PNL) registrada por Más Madrid.

El texto propuesto por este partido planteaba que este registro afectara al personal tanto que interviene en la práctica como al encargado de la gestión y organización de los recursos humanos. Además, diferenciaba entre dos tipos de objeción por parte de los profesionales: de forma total ante cualquier tipo de interrrupción voluntaria del embarazo, o de forma parcial, donde se permite explicitar los supuestos en los que se negaría a practicarlo.

Desde Más Madrid pedían además que se reajusten las plantillas y que se reoganizaran en los hospitales públicos para que se puedan realizar en condiciones de equilibrio y sin crear sobrecarga en algunos centros, además de la creación de una comisión de seguimiento para analizar cómo se aplica. Esta iniciativa se planteó en línea con la aprobación del Protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en cumplimiento con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Mariana Arce, diputada de Más Madrid, ha reivindicado que esta iniciativa buscaba que las mujeres pudieran acceder a esta intervención en la Sanidad Pública "sin trabas, sin acoso y sin depender de la capacidad económica". "En Madrid el aborto es legal, pero inaccesible", ha afirmado la diputada. Arce ha cifrado en un 0,27% las interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan en la pública, según los datos de 2023. Ha cifrado en 20.518 los abortos realizados ese año, de los que 56 no fueron en hospitales privados, que concentran el 99,7%. Por último, ha cargado contra el Ejecutivo regional, a quien ha responsabilizado de "permitir y tolerar el acoso de grupos ultraconservadores" en las puertas de los centros que realizan estas prácticas.

Por su parte, la parlamentaria del PP Carlota Pasarón ha defendido que el registro de objetores de conciencia del aborto iría en contra de "la seguridad jurídica y los profesionales sanitarios", además de asegurar que Más Madrid quiere un "señalamiento del que piensa diferente". "Esa es su política, el totalitarismo, amordazar, coaccionar y cancelar a todo el que piensa diferente. Pero nuestra política, la del Partido Popular, pone a las personas, su formación científica y la realidad de cada caso por encima de la ideología. Porque la política buena y verdadera entiende primero la realidad y a las personas", ha aseverado.

Por parte de Vox, la parlamentaria Raquel Barrero ha cargado contra la "imposición de leyes" y contra la finalidad "absolutamente falsa" de esta PNL al darle a la Administración la potestad de controlar "la objeción de conciencia y para hacer registros". "Es la agenda del neocomunismo, bajo la excusa de proteger derechos, pisotean los de los demás", ha asegurado.

Además, le ha pedido a la izquierda que no proteja más a las mujeres que ya van "bien servidas" y ha censurado que mientras "humanizan" a los animales se encarguen de "cosificar" al nonato. "Ustedes no quieren listas de objetores, quieren listas de disidentes, y todos sabemos lo que hacen los comunistas cuando están en el poder con las listas de disidentes", ha valorado.

Por último, la diputada del PSOE Sara Bonmatí ha defendido que lo propone esta PNL es "cumplir la ley" y que "al contrario de lo que dice la consejera de Sanidad, el registro de objetores no pretende estigmatizar o perseguir a ningún facultativo", sino "preservar precisamente que su desempeño profesional no se vea afectado por su condición o no de objetor". "En este sentido, la ley orgánica protege tanto a los médicos objetores como a aquellos que no lo son", ha remarcado.

Al hilo, ha defendido que el modelo sanitario de Madrid debe encaminarse "de forma progresiva a que el aborto se realice en los centros públicos de la región" con la "misma normalidad asistencial" que otros procesos. "Garantizando la atención, apoyo, seguridad y confidencialidad de las mujeres, y la formación conciencia y desarrollo profesional del conjunto de los sanitarios", ha remarcado la socialista.

 

 

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